El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que declara hoy como imputado por su investigación sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo, ha llegado a las 12.15 horas al Tribunal Supremo entre aplausos y "vivas" de miembros de asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica. "Viva Garzón" y "Libertad para Garzón" son algunos de los gritos que se han escuchado a la entrada de la sede judicial, rodeada por un gran despliegue policial y frente a la que se han concentrado numerosos periodistas, curiosos y partidarios de la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional. Garzón va a comparecer ante el magistrado Luciano Varela, instructor en el TS de la querella por prevaricación que el sindicato ultraderechista Manos Limpias -sin representación en ningún centro de trabajo y dirigido por el ex responsable de Fuerza Nueva Miguel Bernad- y la asociación Libertad e Identidad interpusieron contra él. Estas dos asociaciones consideran que el juez de la Audiencia Nacional cometió un delito de prevaricación -que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas- al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española y el franquismo (1936-1975) siendo consciente de que no lo era. Por su parte, Garzón en su recurso ante el Tribunal Supremo niega haber prevaricado y recuerda que ni el fiscal ni los magistrados de Sala de la Audiencia Nacional cuestionaron esta decisión como "extravagante, absurda o esperpéntica" o como constitutiva de un delito de prevaricación. Estima además que si lo que se considera prevaricación es el hecho de declararse competente "la situación injusta ya se habría resuelto" con la inhibición y con la estimación de la cuestión de competencia que planteó el fiscal ante la Sala. El juez decidió en noviembre de 2008 inhibirse de esta causa a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir al declararse competente para instruir este procedimiento. La actuación de Garzón fue respaldada el pasado lunes por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que desde Ginebra expresó su preocupación por la investigación abierta.
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