30 años después de la Constitución, el Gobierno pone al día algunos DDHH

60 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos y tres décadas después de la aprobación de la Constitución, el Gobierno de España pone al día algunos derechos humanos. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un ambicioso Plan —compuesto por más de 170 medidas— que se desarrollará a lo largo de la presente legislatura y que ha contado con las aportaciones hechas por ONGs e institutos universitarios de derechos humanos.

Durante su presentación, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado que aunque en España los derechos humanos "se encuentran protegidos y garantizados", a nadie se le oculta "que el perfeccionamiento depende del compromiso cotidiano que adopten sus poderes públicos y sus ciudadanos". Estas son algunas de las principales medidas —ya anunciadas durante la campaña electoral y el debate de investidura del presidente— integradas en el Plan.

Inmigración

• Los inmigrantes no comunitarios podrán votar en las municipales. Es una medida ya debatida este verano durante el Congreso del PSOE, que estará sujeta "conforme a lo previsto en la Constitución", es decir, "atendiendo a criterios de reciprocidad". De esta manera, votarán aquellos inmigrantes cuyos países de origen permitan a los españoles votar en elecciones similares.
• El Gobierno promoverá la modificación de la Ley de Extranjería del 2000, en lo que respecta a los apartados que fueron declarados inconstitucionales el pasado noviembre de 2007. Así se garantizará el derecho de reunión, asociación, educación, sindicación y asistencia jurídica gratuita, recogidos en la Constitución para todos los ciudadanos.
• El Plan alude genéricamente a que "se establecerán garantías de derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros, con un Protocolo sobre servicios mínimos esenciales del funcionamiento y de régimen interno". No se concretan, por tanto, algunas de las exigencias de organizaciones a raíz de la directiva de retorno aprobada por la UE a principios de verano, y que puso en alerta a las organizaciones humanitarias por su endurecimiento.

Igualdad

• Una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación. Este proyecto ya lo anunció Zapatero en su discurso de investidura, y ha aparecido en reiteradas ocasiones en los discursos de la vicepresidenta primera —que anunció en verano que estaría lista para este otoño— y la ministra Aído. Pretende "erradicar la discriminación por motivos de religión, sexo, edad, raza u orientación sexual".
• En este paquete de igualdad también se enmarca la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, así como la creación de un observatorio sobre el pluralismo religioso. Distintos miembros del Ejecutivo han apuntado que la modificación de esta ley —que data de 1980— tendrá como objetivo "reforzar la laicidad del Estado".

Los sectores laicos esperan que se incluye la eliminación de símbolos religiosos de actos públicos —como el crucifijo y la Biblia en los actos del Gobierno— así como la presencia de religiosos en instituciones como el colegio, hospitales o el Ejército.

Protección jurídica

• Se defenderán los derechos de los españoles en el exterior. No sólo se pondrán en macha medidas para facilitar el voto y la asistencia jurídica de españoles penados en el extranjero, sino que se creará un fondo de ayuda para aquellos reos que estén condenados a muerte. El Gobierno, en este sentido, asegura que "luchará contra la pena de muerte y en la prevención de la tortura". Sin embargo, no se menciona la modificación del artículo 15 de la Constitución española.
• También se elaborará un Proyecto de Ley que recoja los derechos de los ciudadanos ante la justicia y su derecho a recibir información transparente sobre los asuntos tramitados.
• Se intentará ampliar las garantías legales del detenido con medidas como la reducción del actual plazo de ocho horas para la asistencia letrada, la prohibición de la detención incomunicada a menores de edad o las técnicas de grabación en dependencias judiciales.
• Por último, se ampliarán los derechos humanos en las prisiones españolas —que viven en la paradoja de ser las más pobladas de la UE, siendo España uno de los países con menor tasa de delincuencia—. Para ello, se elaborará un proyecto para el cuerpo penitenciario, que incida en la adecuación de tareas y competencias, con formación inicial y continuada para el personal, así como la creación de cinco nuevas unidades de madres.