De Universidades, mercado y salsa boloñesa

En estos últimos meses en toda España se están sucediendo movilizaciones entre los estudiantes en contra del Proceso de Bolonia, frase bajo la que se aglutinan una serie de disposiciones normativas de reforma del sistema universitario en la UE que están recibiendo una durísima respuesta.

El Proceso de Bolonia es un berenjenal y un galimatías en el que la Universidad europea se ha visto inmersa desde hace unos años, aunque es ahora cuando ha saltado a la luz pública y al debate ciudadano a raíz de las constantes movilizaciones estudiantiles, que han llevado incluso a los rectores de las principales universidades españolas a pedir ayuda, en una carta confidencial, al Gobierno. Así pues, y teniendo en cuenta la amplia contestación a nivel europeo, es necesario conocer las líneas básicas de este paquete normativo para entender que es lo que está en juego, que es ni más ni menos que el futuro de la Universidad Pública, considerada comunmente y con razón como un patrimonio al servicio de la sociedad civil.

En su declaración de intenciones, el Proceso de Bolonia (que no responde a un sólo impulso normativo, sino a un proceso bastante complejo iniciado desde las instituciones centrales de la UE a finales de los 90 del siglo pasado), pretende construir un espacio universitario común a nivel europeo que permita una mayor facilidad en la difusión e intercambio de conocimientos, y una mayor movilidad a nivel académico, objetivos de cuya bondad y necesidad nadie duda. Pero en estos tiempos de sofistas y retorcedores del lenguaje, los críticos argumentan que en realidad Bolonia esconde, más o menos subrepticiamente, un intento de privatizar la enseñanza superior, un "asalto" al bien común que es la Universidad Pública por parte del capital privado. Varios son los argumentos que esgrimen los opositores al plan Bolonia. Obviamente, resulta muy difícil explicar en unas pocas líneas un debate complejo y en ocasiones enrevesado, así que sólo incidiremos aquí en los aspectos más destacados del mismo.

1. En primer lugar, se acaba con el viejo sistema de licenciaturas para crear un nuevo plan de estudios que incluye una progresión bien definida, aunque totalmente nueva: el grado, de  tres años, el posgrado, de dos años, y el master. Cada una de estas etapas conlleva una progresiva especialización, que en si misma no es mala, sino fuera porque se han puesto sobre la mesa varios problemas. El primero es su coste. Para obtener las especialización que hoy en día otorga una licenciatura será necesario, en muchos casos, cursar el posgrado, cuyo precio de matrícula se dispararía a varios miles de euros al año (subvencionables mediante un crédito al estudio o fórmulas similares a devolver cuando se trabaje), lo que vetaría el acceso a esta etapa educativa a mucha gente.
2. En segundo lugar, el objetivo declarado en la nueva planificación de los estudios es preparar al estudiante en las "habilidades y saberes" necesarios para el desempeño laboral futuro, de manera que los críticos con el proceso argumentan que esto llevará a una situación en la que será el mercado el que decida qué se estudia y qué no se estudia, ya que las facultades y departamentos deberán "vender" sus estudios en un contexto competitivo para obtener fondos, lo cual llevaría a que carreras como la Filosofía, Historia y Filología, o en general las Humanidades, vean peligrar su futuro teniendo en cuenta su escasa salida laboral. Este proceso se agravaría con la inclusión de la investigación en esta dinámica de respuesta a las necesidades del mercado, ya que se primará la transferencia de conocimientos a las empresas. Esto, obviamente, no es malo en si mismo (e incluso a veces deseable), pero aquí la fricción entre el Gobierno y sus críticos reside en la tendencia a arrinconar los estudios no rentables frente a los que sí tienen aplicación empresarial, relegando la investigación básica en ciencias o humanidades, proceso ya iniciado en algunas universidades, y liderado en España por la Fundación Universia, rama del grupo Santander. De estos argumentos se deriva un problema ético: ¿hasta que punto es necesario que la Universidad Pública atienda al mercado? Los críticos de Bolonia afirman que ésta es un servicio público, y por tanto no debe estar orientada al mercado. De hecho, uno de los argumentos de los defensores de este proceso es la necesidad de que la Universidad atienda a las demandas de la sociedad, empleando para justificarse una retórica basada en la "excelencia", importada del discurso empresarial. Pero como bien responden sus adversarios dialécticos, se está asimilando interés mercantil con interés social, en una perversa metonimia. La Universidad Pública tiene como objeto permitir el acceso a la mejor educación superior a todo aquel que lo desee, así como investigar y desarrollar aquellos aspectos que aporten mayor bienestar al conjunto de la sociedad, y no sólo permitir un mayor desarrollo de los procesos productivos en manos privadas, según los críticos a Bolonia.

Pero lo realmente interesante es que este proceso no es español, ni siquiera europeo. Se enmarca dentro de una dinámica de privatización de servicios impulsada por los Acuerdos de Libre Comercio (sí, los de los disturbios de Seattle o Génova de hace unos años) que afirman, desde una perspectiva más ideológica que real, que para el mejor funcionamiento de la sociedad todo debe regirse por el libre mercado. Se trata de un proceso iniciado en Estados Unidos, donde se encuentran las mayores universidades privadas del mundo, y que se extiende por Europa y América Latina. Fenómeno que, además, ha tenido mucho que ver en EEUU con la desactivación programada de uno de los focos de pensamiento progresista más importantes de ese país.

Resulta esclarecedor, por tanto, enmarcar Bolonia dentro de una misma corriente social y económica que no sólo desea privatizar la Universidad, sino todo servicio público: las comunicaciones, la energía, la salud, y también la educación primaria y secundaria. El verdadero problema aquí reside por tanto no en que se haya iniciado este proceso, sino en el absoluto obscurantismo de las autoridades al respecto (reconocido incluso timidamente por altas autoridades), que están impulsando con inusitada alegría el derribo controlado de nuestra Universidad (de hecho, la actual ministra del ramo es miembro de la mesa de la CEOE y una alumna aventajada de una muy católica universidad del Noreste peninsular, amén de empresaria modelo en el sector biotecnológico). Al fin y al cabo, los estudiantes tienen razón: hay que hablar claro y explicar sin retóricas prefabricadas que es lo que se quiere hacer. La Universidad española adolece de problemas reconocidos por todos, pero la solución quizás no sea privatizarla cada vez más.