Chile.- El uso de información privilegiada es una práctica inaceptable, y así como se le exige transparencia al sector público, corresponde al privado actuar con estándares similares

Al promulgar la Ley que perfecciona la normativa que Regula los Gobiernos Corporativos de las Empresas, la Jefa de Estado subrayó que esta iniciativa es "un gran paso en la perspectiva de fortalecer la transparencia y la buena marcha de la economía". Relevó que entre los elementos que destacan en este nuevo cuerpo legal está que respecto del uso de información privilegiada "no admite excepciones, ambigüedades, interpretaciones ni acomodos de ningún tipo. A todos corresponde actuar con ética, responsabilidad y transparencia si queremos que el mercado sea un factor que aporte al desarrollo del país y no al provecho de unos pocos que pudieran creer que pueden saltarse normas en su propio beneficio".

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley Nº 20.382 que Introduce Perfeccionamientos a la Normativa que Regula los Gobiernos Corporativos de las Empresas, ocasión en la que destacó que esta iniciativa "busca incrementar los estándares y la eficacia de los gobiernos corporativos de las empresas que dan escala global a nuestra economía y en las cuales depositan su confianza los accionistas", agregando que "se trata de un gran paso en la perspectiva de fortalecer la transparencia y la buena marcha de la economía".

Junto al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, la Jefa de Estado explicó que entre los elementos que destacan de esta nueva normativa -que constituye además uno de los proyectos de ley con los que Chile debe cumplir para ingresar a la OCDE- es que promueve "una mayor transparencia y divulgación de información al mercado y hacia los mismos accionistas de las empresas, en condiciones de igualdad", ya que por ejemplo "todo accionista que posea más del 10% de las acciones, deberá informar de la compra o enajenación de valores, a más tardar, al día siguiente que realice la operación".

Esta nueva ley establece además la responsabilidad del directorio de adoptar las medidas para evitar que la información de la sociedad sea divulgada antes de ser puesta a disposición de todos los accionistas y el público, como asimismo, para definir una política interna que determine las obligaciones y responsabilidades de sus ejecutivos principales, respecto de la transacción de valores de la compañía.

"Sin duda que el uso de información privilegiada es una práctica inaceptable. Y así como se le exige transparencia al sector público, corresponde que el sector privado actúe con estándares similares. De esta manera, esta ley establece que la prohibición de utilizar información privilegiada se extiende a la enajenación de valores, salvando así una omisión de la antigua ley, que sólo la consultaba en caso de la compra de acciones, pero no cuando alguien se deshacía de ellas para evitar perjuicios", remarcó la Mandataria.

También, queda claramente señalado en la nueva normativa el estricto deber de reserva en relación a la información privilegiada, "y esta materia no admite excepciones, ambigüedades, interpretaciones ni acomodos de ningún tipo. A todos corresponde actuar con ética, responsabilidad y transparencia si queremos que el mercado sea un factor que aporte al desarrollo del país y no al provecho de unos pocos que pudieran creer que pueden saltarse normas en su propio beneficio", subrayó la Jefa de Estado.

Asimismo, esta ley fortalece los derechos de los accionistas minoritarios, al disponer la existencia de directores independientes, que deberán cumplir con una serie de requisitos de fondo para ser considerados tales, y la obligatoriedad de su integración en el comité de directores. También, potencia el funcionamiento de las juntas de accionistas, de manera que ellos dispongan de mejor información con la cual ejercer su voto.

Además, perfecciona el gobierno de las empresas en dos puntos esenciales: las operaciones de partes relacionadas y conflictos de intereses y las auditorías externas, garantizando mayor rigurosidad e idoneidad técnica, como asimismo su obligación de asistir a las juntas para responder las preguntas de los accionistas. Finalmente, perfecciona la regulación de la Oferta Pública de Acciones, principalmente en aquellas que persiguen cerrar la propiedad de una compañía, resguardando en ese caso los derechos de los minoritarios.

La Mandataria puntualizó que "estamos convencidos que para modernizarse y dar este salto al desarrollo, nuestro país tiene, naturalmente, que colocarse cada vez metas más altas. Ese es el sentido de las diversas leyes y medidas que buscan una mayor transparencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y allí, justamente, es que se inscribe el esfuerzo por mejorar el marco de la libre competencia, con el reforzamiento de la Fiscalía Nacional Económica y últimamente también, con propuestas para sancionar drásticamente la colusión".

Añadió que la convicción del Gobierno es que así como corresponde mejorar el sector público y se habla de que "queremos mejor Estado, también hemos señalado que queremos mejor mercado, que opere con reglas muy claras y garantías para todos. Estamos convencidos que si hay algo que la crisis mundial se encargó en demostrar, es a dónde conducen los mercados opacos, sin regulaciones adecuadas ni controles eficientes, en los que pueda crearse un terreno abonado para los abusos".

Finalmente, la Presidenta Bachelet afirmó que "es obvio que ninguna ley es garantía por sí sola de que prevalezcan las buenas costumbres y los procedimientos rectos, y la moral de cada persona siempre será determinante. Por eso que es tan importante que la sociedad chilena estimule las buenas prácticas y sancione las torcidas. Soy una convencida que este nuevo cuerpo regulatorio nos va a permitir mejorar en los hechos las condiciones que han hecho respetable a nuestro país en el mundo, y van a permitir favorecer el dinamismo y la competitividad de nuestra economía".