En Chile : De absolutamente necesario califican parlamentarios, autoridades de Gobierno y académicos reformar ley de protección de datos personales

El proyecto que analiza la Comisión de Constitución, consagra el derecho de las personas a controlar sus datos y entrega al Consejo para la Transparencia la facultad de velar por el cumplimiento de esta ley y otras normativas asociadas.

El mensaje del Ejecutivo que introduce modificaciones a la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y a la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, fue ingresado en octubre del año pasado y se encuentra con urgencia simple cumpliendo su primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

La iniciativa consagra explícitamente el derecho de las personas a controlar sus datos, perfeccionando así la normativa vigente que sólo hace referencia a que se deben respetar los derechos de los titulares y en el caso de datos sensibles el proyecto contempla que el titular deberá entregar expresamente su autorización por escrito.

Para el análisis de este proyecto la Comisión de Constitución recibió al Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, al presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Juan Pablo Olmedo, y a la directora del Centro de Derecho y Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Lorena Donoso.

A juicio del diputado RN Alberto Cardemil este es un muy buen proyecto. “Entregarle al Consejo de la Transparencia el cuidado de los datos personales de los chilenos, de los datos que son reservados o que un ciudadano quiere mantener reservados, por razones que sólo a él le incumben, es una muy buena idea”.

Agregó el parlamentario que hoy día existe una enormidad de registros: “Saben todo sobre nosotros, incluso datos privados sobre salud, sobre situaciones judiciales, que uno quiere mantener en reserva legítimamente. Entonces, proteger eso, cautelar ese derecho a la intimidad, me parece muy relevante”.

Asimismo, explicó que “el Consejo de la Transparencia va a poder tener los dos elementos, por una parte facilitar el acceso a las decisiones públicas y favorecer la transparencia de la Administración Pública (…) y, por otro lado, cautelar la intimidad y la privacidad de las personas”.

En opinión del ministro José Antonio Viera-Gallo con este proyecto se mejoran los estándares de protección y resguardan los datos personales, lo que fue entendido por los asistentes: “Se mostraron favorables al proyecto y quedamos en continuar su discusión, pero la Comisión le dio su apoyo en general”.

Agregó el secretario de Estado que “no se vota formalmente porque ya se había votado en general en la comisión técnica (Economía), pero (la Comisión de Constitución) le dio su apoyo unánime. Entonces ahora tenemos que seguir viendo artículo por artículo y escuchando a personas”.

En ese marco, la Comisión escuchó los planteamientos de la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Lorena Donoso, quien indicó que “es absolutamente necesario que haya un proyecto que reforme la Ley de Protección de datos personales porque en realidad hoy en día no están protegidos los datos de las personas”.

La académica indicó que el proyecto tiene mejoras respecto del sistema actual pero se debe perfeccionar la estructura orgánica del Consejo de la Transparencia a fin de que se haga cargo de dos funciones. “Que haya un peso y contrapeso respecto del acceso a la información pública y no sea un solo órgano decisor que tenga que tener en la cabeza ambas estructuras de ocultamiento y de transparencia”.

Agregó que “el ministro Viera-Gallo, en ese contexto, sostuvo que había una suerte de unificación de doctrina, sin embargo yo les hice ver a los diputados que la unificación de doctrina podría significar en definitiva que todos los ciudadanos estuviéramos sujetos a un solo "gran hermano" y eso es complejo”.

También indicó que hay otro elemento que le da cierta debilidad al proyecto en el sentido que al ser el CPLT un órgano legal no tiene atribuciones respecto de las autonomías constitucionales. "Por tanto, el Consejo no podría velar por los tratamientos de datos que realiza por ejemplo la Contraloría General de la República, con todos los datos que tiene la Contraloría de todas las personas públicas y privadas, naturales y jurídicas. El Banco Central también queda excluido de las atribuciones del CPLT”, sostuvo.

Finalmente, respecto de las garantías fundamentales, sostuvo Lorena Donoso que “noto ciertas regresiones en el proyecto de ley. Creo que es necesario mejorar en su tramitación la definición de datos sensibles, como por ejemplo el ADN no codificante de la persona, que no está considerado como dato sensible y queda como en tierra de nadie, eso me parece complicado”.

Contenido del proyecto

La iniciativa modifica la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, y propone consagrar explícitamente el derecho de las personas a controlar sus datos.

También establece la protección de la información de personas jurídicas, para que al igual que los datos de las personas naturales el responsable del tratamiento de esos datos adopte todas las medidas que garanticen la seguridad de la información.

Se define que el Consejo para la Transparencia (CPLT) será la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de las normas sobre acceso a la vida privada, pasando a denominarse "Consejo para la Transparencia y Protección de Datos Personales".

Este organismo tendrá entre sus funciones mantener un Registro Único Nacional de las Bases de Datos y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones sobre el tratamiento de datos personales, pudiendo recabar, en cualquier momento, la información que etime pertinente al responsable del respectivo registro o banco de datos.

El proyecto también incluye sanciones leves, graves y gravísimas a los infractores, que van desde multas hasta la cancelación en el registro.