Quito.- La compañía de telefonía móvil Porta criticó hoy la resolución emitida por las autoridades ecuatorianas, que pide terminar su concesión por considerar que cometió fallos en el servicio, y dijo que "no resiste el menor análisis técnico ni jurídico".
Porta es una de las tres operadoras de telefonía móvil que proveen del servicio en Ecuador, junto con la española Movistar y la compañía Alegro, de capital público.
Daniel Bernal, representante jurídico de la empresa, de la mexicana América Móvil, se refirió al dictamen de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Ecuador (Suptel).
La Suptel solicitó ayer a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) que ponga fin a la concesión de Porta, que pertenece al mexicano Carlos Slim, al considerar que cometió fallos graves en la provisión del servicio, al menos en cuatro ocasiones de lo que va del año.
El representante indicó que la supuesta falla por la que se le sanciona "fue un caso fortuito" y especificó que durante las horas que se produjo el percance el servicio fue gratuito.
Según la Suptel, los fallos se registraron el 18 y 20 de enero, así como el 12 de febrero, aunque el más grave, y por el que se determinó el pedido de terminar su concesión, fue el pasado 25 de septiembre cuando colapsó el sistema y perjudicó a 5,5 millones de usuarios por más de 15 horas.
Bernal declaró a la televisión Teleamazonas que la resolución "se ha hecho al transcribir párrafos o renglones completamente descontextualizados de la propia información que se ha remitido para el soporte" de investigación.
Afirmó, además, que espera que la Senatel, que tiene que informarle del fin de la concesión, con 30 días de anticipación, analice a profundidad el dictamen de la Suptel.
"Esperamos (que...) la Secretaría de Telecomunicaciones, que es una entidad que se ha caracterizado por el rigor técnico y jurídico, tome la información y haga un análisis realmente profundo en relación con la información técnica y analice la información", dijo.
Suptel, a través de su directivo Paul Rojas, determinó que Porta incumplió las leyes nacionales y el contrato que suscribió en 1997, por lo que acusó a la compañía de "conducta culposa o negligente" que afectó a sus usuarios en Ecuador.
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