Lahore (Pakistán).- La ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto lanzó hoy un ultimátum al general Pervez Musharraf para que levante el estado de excepción en el país y aseguró que, en caso contrario, la oposición tomará las calles en una gran marcha de protesta a partir del día 13.
La ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto, participa hoy en una reunión con los miembros de la alianza opositora en Islamabad (Pakistán).
Bhutto, líder del Partido Popular de Pakistán (PPP, principal de la oposición), aseguró hoy a la prensa en Islamabad que el diálogo político que mantenía con Musharraf está suspendido, porque el objetivo era "el de restaurar la democracia, y no el de imponer un estado de excepción".
La ex primera ministra, que gobernó entre 1988 y 1990 y entre 1993 y 1996, urgió además a Musharraf a renunciar a la jefatura de las Fuerzas Armadas, como se había comprometido ante el Tribunal Supremo antes de la elección presidencial del 6 de octubre.
Le pidió además que restaure la Constitución -suspendida desde el sábado-, devuelva sus cargos a los numerosos magistrados depuestos en virtud del estado de excepción y libere a los cerca de 2.000 abogados y representantes de la oposición arrestados.
Si no accede a ello, aseguró, el PPP liderará una larga marcha que comenzará en la ciudad de Lahore (este) el próximo día 13.
El general Musharraf declaró el estado de excepción el pasado sábado, amparándose en el deterioro de la ley y el orden que sufre el país y en las "injerencias" de la Justicia en la labor del Gobierno.
Bhutto, sin embargo, calificó ese argumento de "ironía" y afirmó que Musharraf ha decepcionado no sólo a la población de Pakistán y al PPP, sino también a la comunidad internacional, que está presionando al general para que reconsidere su decisión.
"Ya basta, Musharraf no puede seguir engañando a la comunidad internacional explotando las cuestiones del terrorismo y el extremismo en Pakistán", denunció la ex mandataria.
Buena parte de la comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en el país y ha criticado la ola de "arrestos preventivos", la intervención sobre el poder judicial y las restricciones sobre los medios de comunicación.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se mostró ayer "fuertemente disgustado" por las detenciones masivas, tras lo que Islamabad presentó una protesta por divulgar declaraciones "sobre acontecimientos internos de Pakistán".
También EEUU, aliado de Musharraf en la guerra contra el terrorismo, consideró "un error" la medida impuesta por el general y advirtió de que puede suspender la ayuda a Pakistán, mientras que la Unión Europea (UE) expresó su "profunda preocupación" por la situación.
Además, en un comunicado difundido hoy en Islamabad, la UE expresó su "sorpresa" por el hecho de que el Gobierno de Musharraf haya asegurado que los embajadores europeos habían "respaldado" las razones para imponer el estado de emergencia, en sendas reuniones con el presidente y el ministro de Exteriores.
"Ello no refleja lo que realmente ocurrió", sostiene el comunicado, que insiste en que los representantes de la UE "reiteran" su "profunda preocupación" por los arrestos masivos y destacan la importancia de que se celebren "elecciones libres y justas como estaba programado".
Los comicios estaban previstos para enero de 2008, dos meses después del fin de la legislatura -que concluye el 15 de noviembre-, aunque el nuevo orden permite extenderla por un año más.
En medio de esta ola de críticas, distintas voces del Gobierno han asegurado que el estado de excepción no se prolongará durante más de tres semanas, mientras Musharraf mantiene silencio.
En declaraciones publicadas por el diario "Dawn", el líder de la gubernamental Liga Musulmana de Pakistán, Chaudhry Shujaat Hussain, dijo que Musharraf es "consciente de las consecuencias de un largo estado de excepción" y se mostró "seguro" de que la medida estará en vigor "de dos a tres semanas".
Islamabad está en alerta roja desde el sábado, y en Lahore las autoridades ordenaron hoy de nuevo el despliegue de un fuerte contingente policial en los alrededores del Tribunal Superior, donde las fuerzas de seguridad levantaron barricadas.
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