Lima.- El pedido de un grupo de diputados japoneses de un juicio justo para el ex presidente peruano Alberto Fujimori es una estrategia que busca su impunidad, afirmó hoy la portavoz de los deudos de las víctimas de dos sonadas matanzas cometidas durante su gobierno, Gisela Ortiz.
Familiares de las víctimas del régimen de Alberto Fujimori celebran en Lima, el fallo de la Corte Suprema de Chile a favor de la extradición del ex presidente peruano.
Unos 77 diputados japoneses crearon hoy en Tokio una asociación para "pedir un juicio justo (para Fujimori) a través de la comunidad internacional", aseguró Taku Yamasaki, líder de este grupo y ex vicepresidente del gubernamental Partido Liberal Demócrata (PLD).
En opinión de Ortiz, es "vergonzoso que durante cinco años de la estadía de Fujimori en Japón, este país le haya dado garantías de protección y de impunidad, (...) y ahora de alguna manera van a intentar presionar a los magistrados peruanos".
Entrevistada por la agencia estatal Andina, Ortiz agregó que "Japón tuvo la oportunidad de hacer un proceso a Fujimori, de determinar su extradición o no, pero no lo quiso hacer".
Fujimori renunció a la presidencia en 2000, desde Japón, y residió en ese país, amparado en su nacionalidad nipona, hasta el 2005, cuando viajó a Chile para hacer una escala antes de volver a Perú.
Durante sus años de residencia en Tokio, la justicia peruana envió dos pedidos de extradición de Fujimori, pero nunca obtuvo respuesta de ese país.
"Por qué Japón no pide un juicio justo para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad", se preguntó Ortiz, portavoz de los familiares de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a manos del grupo encubierto Colina.
Fujimori será sometido a un juicio oral por los casos de Barrios Altos y La Cantuta a fines de este mes por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, cargos por los que la fiscalía ha pedido 30 años de prisión.
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