Avances empañados por la impunidad de la Justicia en los casos de desplazados en Colombia

Bogotá.-  Los avances del Gobierno colombiano en la atención a los desplazados se vieron empañados en los últimos tres años por el alto "grado de impunidad" de la Justicia, señaló hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

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(EFE)

Dos niños se asoman por una ventana hoy en el alberge Agustino en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, donde mas de 160 colombianos fueron trasladados para aliviar su situación de desplazamiento.

Según el último informe de la ACNUR sobre el país, presentado hoy, en el periodo 2004 a 2006, los nuevos desplazados disminuyeron a 619.000, es decir unos 206.300 por año, unas cifras que pese a ser menores a las anteriores, siguen siendo muy altas.

A conocimiento de la Fiscalía, según el informe, llegaron 6.500 casos sobre los que el organismo de investigación penal inició procesos, pero sólo 32 llegaron a los jueces que produjeron 13 condenas.

"Esto da una idea del grado de impunidad frente al delito de desplazamiento forzado", señaló el delegado en Colombia del organismo de la ONU, Jean Nöel Wetterwald.

El funcionario internacional, en declaraciones a Efe, manifestó que llama la atención que cada año haya 200.000 nuevos desplazados, que se suman a los existentes, y que pese a que el desplazamiento forzado es un delito, no haya sanciones para los que lo cometen.

Dijo que hay que empezar a trabajar contra la impunidad para perseguir a quienes cometen ese delito, con el objetivo de que las acciones de la Justicia contribuyan a bajar el número de desplazados.

Wetterwald considera que en materia de reparación a las víctimas lo primero que hay que reconocer es que hay que repararlas, enfocando las acciones hacia los diferentes grupos.

"En Colombia no hay un modelo de desplazado, sino desplazados urbanos, desplazados que van de aldeas muy alejadas a cascos urbanos" y que cada uno tiene sus peculiaridades.

Reconoció que en el balance de los últimos tres años se destaca el hecho de que ahora haya una respuesta "más concertada por parte de las distintos actores, porque antes cada uno iba por su lado".

Para el magistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, quien habló en la presentación del informe, la impunidad que ronda el desplazamiento forzado supera cualquier tipo de impunidad y es la más elevada en el caso de delitos que tienen una trascendencia nacional.

Esa impunidad es tan grande "que no se puede siquiera expresar claramente", explicó Cepeda, pues apenas el 0,0002% de los casos tiene condena.

Cepeda recordó que el desplazamiento "claramente es un delito", cuyas víctimas tienen unos derechos y sobre ello, anotó, la Corte Constitucional, a la que pertenece, se ha pronunciado.

Dijo que "en general y de manera lamentable, el tema de los desplazados no ha estado presente en la agenda pública, de debate, de deliberación en el lugar que merece" en Colombia.

Consideró que es tal la magnitud de las violaciones que han padecido las víctimas, que es un "problema humanitario que desborda la capacidad del Estado".

Cepeda subrayó que "se trata de una situación de sufrimiento de millones de personas, que tiene secuelas no sólo para ellas, sino para la sociedad".

El responsable de protección de la ACNUR, Andrés Celis, reveló que en Colombia hay 191 municipios que concentraron casi el 70% de los desplazados, es decir unos 431.000, y anotó que si bien el número promedio en el país bajó, hubo crecimiento de víctimas del desplazamiento en los departamentos del Meta y Caquetá (sur) y Nariño (suroeste).

"Los municipios de Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, en el suroeste del país, y Vistahermosa, en la antigua zona desmilitarizada en las selvas del sur, son los que más población expulsaron", dijo Celis.