Vitoria.- Las Juntas Generales de Álava tienen previsto aprobar mañana una moción en contra de la consulta planteada por el lehendakari, con lo que este Parlamento provincial se convertirá en la segunda institución vasca que pedirá la retirada de dicha propuesta.
El PP y el PSE-EE, con mayoría en esta Cámara, han expresado la intención de sumar sus votos durante el pleno de mañana para sacar adelante una moción en la que proponen que las Juntas pidan al lehendakari, Juan José Ibarretxe, y al Gobierno Vasco la retirada de la propuesta de consulta prevista para el 25 de octubre de 2008.
Ambos partidos cuentan con 29 junteros (parlamentarios), 15 del PP y 14 del PSE, frente a los 22 que suman el resto de las fuerzas políticas (PNV, EA, EB, Aralar y ANV).
El PNV, EA, EB y Aralar están en contra de la moción y ANV, con 4 representantes, no se ha pronunciado sobre el sentido de su voto, aunque lo más probable es que no respalde la iniciativa.
El pasado 26 de octubre, el Ayuntamiento de Vitoria, con los votos del PP y PSE, dio luz verde a la primera moción de una corporación vasca en la que se pide a Ibarretxe y al Ejecutivo vasco la retirada de su propuesta de consulta sobre el futuro del País Vasco "por no tener cabida en el ordenamiento jurídico".
En el orden del día de la sesión plenaria de las Juntas figuran dos mociones de rechazo a la consulta, una de los "populares" y otra de los socialistas.
Ambos partidos ya han manifestado su intención de llegar a un acuerdo para consensuar un mismo texto.
El secretario general de los socialistas alaveses, Txarli Prieto, ha señalado que los dos grupos ya se han puesto de acuerdo sobre este asunto en el Ayuntamiento de Vitoria y "no queda más que coger el mismo texto y aprobarlo".
El portavoz del PP en las Juntas, Javier de Andrés, ha dicho que tiene "confianza" en que el PSE apoye la iniciativa, tal y como ha ocurrido" en la Corporación vitoriana.
Además de pedir la retirada de la propuesta de consulta, el texto aprobado por el Ayuntamiento, que previsiblemente será el mismo que salga adelante en las Juntas, defiende la Constitución y el Estatuto vasco.
Expresa "el apoyo al Gobierno de España para que tome las decisiones oportunas que garanticen el respeto y el cumplimiento de la legalidad vigente en las decisiones y acciones de todos los representantes políticos e institucionales".
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