Montevideo.- La fiscal Mirtha Guianze pidió hoy a la justicia el procesamiento del ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez, de 81 años, por traslados clandestinos desde Argentina de ciudadanos que luego desaparecieron.
El juez será quien decida si se abre una causa al general Álvarez, quien hasta ahora sólo ha comparecido en causas de desapariciones y muertes durante el régimen militar en Uruguay en calidad de testigo.
Guianze hizo esta petición al juez penal Luis Charles, quien trabaja, como la fiscal, en expedientes por desapariciones de personas durante el régimen de facto (1975-1985) en Uruguay.
En breves declaraciones a la prensa, la fiscal confirmó que presentó su dictamen" al juez Luis Charles, quien "seguramente" -dijo- "lo estudiará rápidamente y tomará una decisión".
"No voy a comentar su contenido y mi recomendación. Es un expediente muy grande", agregó.
El juez será quien decida si se abre una causa al general Álvarez, quien hasta ahora sólo ha comparecido en causas de desapariciones y muertes durante el régimen militar en Uruguay en calidad de testigo.
Precisamente, la semana pasada testificó ante el juez Charles sobre una serie de "vuelos clandestinos" desde Argentina en los que llegaron a Uruguay prisioneros que luego desaparecieron, cuando ambos países rioplatenses estaban bajo regímenes dictatoriales, a finales de la década de los 70 y principios de los 80.
Álvarez en sus declaraciones judiciales siempre ha afirmado "no recordar nada", pero se ha logrado obtener documentos que pueden probar que, como comandante del Ejército, estaba enterado de todas las acciones.
Los uruguayos desaparecidos en su país suman una treintena, pero a ellos hay que sumar 150 que corrieron la misma suerte en Argentina debido al llamado "Plan Cóndor", por el que los regímenes militares de la región coordinaron sus acciones represivas, de tal forma que la persecución no conoció fronteras.
Álvarez asumió el poder el primero de septiembre de 1981 y cesó en febrero de 1985.
Desde mayo de 2006 en Uruguay una decena de ex oficiales del Ejército y policías han sido acusados de violar los derechos humanos en varios juicios.
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