Julián Muñoz y cuatro ex ediles se conforman con la pena de inhabilitación

Málaga.-  El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cuatro ex ediles del consistorio se han conformado hoy con la pena de nueve años de inhabilitación -dos años menos para una concejala- que el Ministerio Fiscal pedía para ellos por conceder tres licencias para viviendas unifamiliares en suelo rústico.

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(EFE)

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz (dcha) y el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, a su llegada al Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga para ser juzgados por un presunto delito de concesión de tres licencias para viviendas unifamiliares en suelo calificado como rústico.

Junto a Muñoz, han sido condenados por un delito continuado contra la ordenación del territorio los ex concejales Mario Jiménez, María Luisa Alcalá y Pedro Román, y todos ellos tendrán que pagar también una multa de 9.000 euros.

Además, la ex edil Dolores Zurdo, que sólo era juzgada por delito en una de las tres licencias concedidas, se ha conformado con la pena solicitada por el fiscal, que en su caso es de siete años de inhabilitación y 6.300 euros de multa.

De los restantes acusados, Juan Antonio Yagüe se encuentra en paradero desconocido y Rafael González y Manuel Calle no se han mostrado conformes con la pena que el Ministerio Fiscal pide, por lo que el juicio contra ellos, que se celebra en la sala de lo Penal 7 de la Audiencia de Málaga, ha continuado y tendrá su última sesión el próximo viernes.

Según la acusación, los implicados otorgaron como miembros de la comisión de Gobierno del Ayuntamiento tres licencias, una en febrero de 1997 y dos en marzo de 1998, para viviendas unifamiliares en terrenos que estaban calificados como rústicos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968, y como no urbanizables en el plan de 1986.

El escrito de acusación recoge que las licencias fueron otorgadas obviando la normativa jurídica existente en ejecución de convenios particulares entre el Ayuntamiento y los interesados, antes de que se incorporaran al PGOU.

Manuel Calle ha dicho en el juicio que las actas de las comisiones de gobierno "estaban llenas de falsedades" y ha responsabilizado directamente al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes porque "decía que el expediente llevaba todo lo que tenía que llevar" e indicaba si era favorable o no su aprobación, tras lo que la comisión seguía su consejo.

Según Calle, hay informes que se han incluido con posterioridad en los expedientes de comisiones anteriores, "sin haber sido remitidos por el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento -Jorge González- y sin saber quién lo ha hecho".

Por su parte, Rafael González ha ratificado las palabras de Calle y ha asegurado que Barrantes presentaba los informes "como conclusos", aunque en algunos de ellos faltaran informes técnicos y jurídicos, por lo que se aprobaban.

En relación a las tres licencias de las que se les acusa, ambos han asegurado no recordar si participaron en alguna de las dos comisiones.

La defensa de Calle y González se ha basado también en que en la zona en la que se otorgó la licencia de 1997 estaba urbanizada y había casas desde diez años antes, con red eléctrica, de agua y viaria incorporada.