Juristas abordan las presiones a las que es sometida la Justicia en América

Punta del Este (Uruguay).-  Jueces, viceministros y otros especialistas judiciales dirimieron hoy en la ciudad uruguaya de Punta del Este los retos a los que hace frente la aplicación y la independencia de la Justicia en Latinoamérica.

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(EFE)

En el marco de la III Reunión de Puntos de Contacto de IberRed (la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional), expertos y políticos de Latinoamérica reconocieron que los actores de la Justicia siguen siendo víctimas de la persecución y las presiones.

En el marco de la III Reunión de Puntos de Contacto de IberRed (la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional), expertos y políticos de Latinoamérica reconocieron que "los actores de la Justicia siguen siendo víctimas de la persecución y las presiones" en esta región del mundo.

Así lo indicó el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el colombiano Jairo Parra Quijano, uno de los ponentes que abrieron la reunión de dos días de IberRed en esta ciudad balneario de Uruguay, cuyo objetivo es ampliar los contactos entre esos mismos actores judiciales, a fin de garantizar una mayor libertad de acción.

"Donde los jueces, abogados y demás actores auxiliares de la justicia son víctimas de persecución, presión u otro tipo de atropellos, los derechos humanos sufren directamente violaciones o se ven directamente afectados", afirmó Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación de Argentina.

Esta reunión de IberRed sigue a la Comisión de la XV Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica que el martes y miércoles agrupó a una decena de titulares de ese ramo y a otros tantos viceministros de los 21 países latinoamericanos, España y Portugal.

En las ponencias presentadas hoy, los representantes judiciales abogaron por iniciativas como la que proporciona IberRed para que, mediante el contacto entre los diferentes ámbitos judiciales, "se puedan habilitar los instrumentos necesarios" para facilitar la acción de la Justicia, dijo el secretario general del organismo, Víctor Moreno Catena.

IberRed fue creada en octubre de 2004 en Cartagena de Indias también con el doble objetivo de consolidar los procesos de integración de Justicia en Iberoamérica y de dotar de eficacia internacional a las decisiones judiciales en la región, como subrayó el procurador general de Uruguay, Rafael Ubiría Alzugaray.

En representación del Gobierno anfitrión también habló el subsecretario de Educación y Cultura (en Uruguay no hay Ministerio de Justicia), Felipe Michelini, quien coincidió las "condiciones muy difíciles" en el que se desarrolla la labor de los juristas en la zona.

Michelini dijo que la Justicia debe asegurar su independencia, "garantizando las condiciones para que exista una neutralidad", que "no existan conceptos preconcebidos" y que la aplicación de esa Justicia "se haga dentro de unos plazos razonables" y no pierda credibilidad entre la población.

Apostó por que la acción de la Justicia sea siempre "dentro del marco del derecho", refiriéndose en concreto a la lucha contra el terrorismo y las organizaciones delictivas internacionales.

Esta alusión fue retomada por Despouy, también relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien advirtió sobre el gran poder que tienen en algunos ámbitos, sobre todo de Asia, los tribunales militares, que llegan a desplazar a la Justicia civil en algunos países, como ocurrió recientemente en Pakistán.

Despouy indicó que este problema no se limita a países del Tercer Mundo y recordó el espinoso asunto de Guantánamo con el informe especial que elaboró sobre lo que allí acontecía "respecto a las normas aplicables tanto de derecho internacional como de derecho humanitario".

Dichas normas, dijo, se veían vulneradas en esa "prisión" preparada por Estados Unidos para presuntos terroristas yihadistas.

"Ese informe público concluyó con la solicitud de cierre del establecimiento y la verificación de que se estaba violando prácticamente el conjunto de las garantías judiciales, que las detenciones eran arbitrarias, los tratamientos violaban la convención contra la tortura y el derecho a la salud era gravemente afectado, así como la libertad religiosa", apuntó.