Gallardón acepta la investigación propuesta por PSOE y no ve responsabilidades políticas

Madrid.-  El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aceptará la petición del PSOE para crear una comisión de investigación municipal sobre la trama de corrupción en el Consistorio, aunque no ve responsabilidad política alguna detrás de las irregularidades investigadas.

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(EFE)

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, llega a la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno.

El portavoz municipal del PSOE, David Lucas, ha anunciado hoy que su grupo solicitará mañana asimismo la celebración de un Pleno extraordinario monográfico en el que comparezcan la delegada del área de Urbanismo, Pilar Martínez, y la de Medio Ambiente, Ana Botella, para analizar la llamada "Operación Guateque" sobre la trama de corrupción entre funcionarios y técnicos del Ayuntamiento.

Los socialistas, que pedirán también plenos extraordinarios en las tres Juntas de distrito afectadas por la trama (Centro, Chamberí y San Blas), reclaman la apertura de una Comisión de Investigación en la que los grupos de la oposición tengan acceso a todos los expedientes urbanísticos abiertos en el Consistorio desde 2003.

Lucas ha anunciado además que el PSOE se personará como acusación particular cuando tenga lugar el juicio sobre esta trama y que exigirá que el Gobierno municipal restablezca el despacho que los grupos de la oposición habían tenido históricamente en la Gerencia de Urbanismo hasta que el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón lo suprimió el pasado mes de mayo.

Estas propuestas fueron acordadas esta mañana en una reunión celebrada en la sede federal del Partido Socialista, en la madrileña calle Ferraz, entre el secretario de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, David Lucas y los concejales del Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo y Pedro Sánchez.

En rueda de prensa posterior a esta reunión, Cuesta ha afirmado que el PSOE no dispone de datos suficientes como para poder establecer una relación con los hechos denunciados por el dimitido candidato Miguel Sebastián sobre la posible conexión de responsables del Ayuntamiento con la Operación Malaya, pero ha señalado que "las imágenes de ayer recordaban a Marbella".

Para Cuesta, la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de la capital "huele a podrido" y pone de manifiesto que "mientras las corruptelas crecían y se desarrollaban" en el Consistorio, el alcalde "estaba de guateque".

En su habitual comparecencia informativa tras la reunión de la Junta de Gobierno, Ruiz-Galardón ha subrayado que no ve responsabilidad política alguna detrás de la actuación supuestamente delictiva de los funcionarios detenidos acusados de cobrar por agilizar licencias municipales, pero admitirá la creación de una comisión de investigación sobre el caso.

Tras la rueda de prensa, ha manifestado a Efe que dirá sí a la propuesta anunciada por la oposición de constituir una comisión de investigación en el Ayuntamiento, pero no ahora, sino "cuando se levante el secreto del sumario, porque de esta forma se da cumplimiento al requerimiento de 'guardar sigilo' que ordena el auto del juez".

Además, ha adelantado que el Grupo Popular admitirá a trámite todas las iniciativas que el PSOE e IU planteen sobre este asunto en el próximo Pleno del Ayuntamiento, a finales de este mes, lo que incluye las peticiones de comparecencia de las concejalas Pilar Martínez y Ana Botella.

Ruiz-Gallardón, que en la rueda de prensa ha comentado que no tiene noticias de nuevos registros en sedes del Ayuntamiento, tras los efectuados ayer en esas dos áreas y en tres juntas de distrito, ha aclarado que las otras personas que no son funcionarios que estarían implicadas en la trama según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, son en todo caso "externas al Ayuntamiento".

Por otra parte, el alcalde considera necesario -ha afirmado que ya lo consideraba necesario antes de esta operación "Guateque"- tomar las medidas desde la administración para reducir los plazos de tramitación de las licencias municipales, cuyo retraso durante meses aprovechaban los detenidos para obtener un provecho ilícito.

Su principal propuesta para atajar este problema es que la ley permita al Ayuntamiento delegar en empresas previamente autorizadas la certificación del cumplimiento por los solicitantes de las condiciones requeridas para la concesión de las licencias.