José María Bravo será citado en la comisión de investigación de las JJ.GG.

San Sebastián.-  El principal imputado por el fraude de la Hacienda de Irun, José María Bravo, será citado a declarar en la comisión de las Juntas Generales que investiga las posibles responsabilidades políticas derivadas de estos hechos.

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(EFE)

Los miembros de la Comisión de las Juntas Generales que investiga las posibles responsabilidades políticas del fraude de la Hacienda de Irún, presidida por el socialista Julio Astudillo (d), en un momento de la reunión que mantuvieron hoy en San Sebastián.

Los miembros de la comisión han aprobado hoy por unanimidad un plan de trabajo, que amplía el número de personas que serán llamadas a comparecer, entre ellas, otra de las imputadas en la causa, Pilar Gracenea, por ser junto con el ex jefe de la oficina tributaria de Irun trabajadora de la Diputación.

Técnicos y asesores de la Hacienda foral, representantes sindicales y profesionales del "ámbito" de la fiscalidad se añadirán también a la lista, aún no confeccionada, de la que formará parte el hermano de José María Bravo, el ex senador del PNV Víctor Bravo, que fue director de Hacienda durante gran parte del periodo que investigará la comisión, 1991-2006.

También serán citados, como ya se había informado anteriormente, los diputados generales, directores y ex cargos políticos del departamento de Hacienda de esa época.

Sin embargo, todos ellos podrían negarse a acudir a la cámara foral, ya que la obligación de comparecer ante este tipo de comisiones sólo está regulada por ley para las constituidas en el Congreso y el Senado, y no en los parlamentos autonómicos, forales y provinciales.

El presidente de la comisión, el socialista Julio Astudillo, al que acompañaba la juntera de EB Arantza González, ha informado en rueda de prensa de que, en el caso de José María Bravo y Pilar Gracenea, las Juntas pedirán la autorización de la jueza de Irun que instruye este asunto.

"Lo que no quiere la comisión es que las labores judiciales se vean perjudicadas por el trabajo de esta comisión", ha destacado.

Astudillo ha dicho que desconocen cuál es el número exacto de posibles declarantes, aunque a la vista de que se ha producido "una ampliación notable" la comisión pedirá que se amplíe el plazo inicial de seis meses para concluir sus trabajos hasta finales del 2008.

"No resulta comprensible que si la Diputación y el Juzgado siguen investigando nosotros paremos", ha subrayado Astudillo.

El calendario definitivo de comparecencias no lo confeccionarán hasta que las Juntas Generales autoricen la prórroga de ese plazo, aunque su presidente ha aclarado que la intención es comenzar con las declaraciones el próximo mes de diciembre.

Ha insistido en que las sesiones seguirán celebrándose a puerta cerrada por entender que es un método "más eficaz", aunque ha recalcado que ese secreto lo compatibilizarán con "el derecho a la información".

Astudillo ha agregado que la sociedad guipuzcoana está esperando "una respuesta rápida" sobre el fraude descubierto en la Hacienda de Irun, pero ha advertido de que es preferible hacer "un trabajo de investigación serio y en profundidad", especialmente teniendo en cuenta de que "las responsabilidades políticas no prescriben".