El PP estima que su reforma fiscal no entrará en vigor hasta 2010 y no supondrá ningún coste adicional

MADRID.-  El PP estima que la reforma fiscal que prevé acometer si gana las elecciones generales del mes de marzo, orientada a una reducción global de impuestos, será aprobada, como pronto, en el año 2009, con lo que su aplicación más inmediata se produciría en 2010.

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EP (EUROPA PRESS)

El PP estima que la reforma fiscal que prevé acometer si gana las elecciones generales del mes de marzo, orientada a una reducción global de impuestos, será aprobada, como pronto, en el año 2009, con lo que su aplicación más inmediata se produciría en 2010.

Los 'populares' señalaron que esta modificación estructural deberá ser acordada con las comunidades autónomas en el marco de la reforma de la financiación autonómica, trámite en el que estas medidas pueden ser "torpedeadas". Además, deberán superar su discusión en el Parlamento, lo que retrasará su aplicación hasta mediados de legislatura.

Estas fueron algunas de las previsiones planteadas por el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, y el coordinador del programa electoral de la formación, Juan Costa, durante un encuentro con los medios para presentar las líneas básicas que guiarán su programa económico, que será presentado en el mes de enero, una vez realizado el "encaje presupuestario" pertinente.

Con todo, Arias Cañete precisó que la medida anunciada ayer por el líder del PP, Mariano Rajoy, para exonerar del tributo del IRPF a pensionistas y trabajadores con rentas inferiores a 16.000 euros, "probablemente se tramitará con carácter de urgencia muy al comienzo de la próxima legislatura, como una medida de choque".

COSTE CERO DE LA REFORMA

Además, el PP insiste en que esta reforma fiscal no supondrá un coste adicional a las arcas públicas, ya que acelerará la actividad económica y permitirá "recaudar más y mejor".

No obstante, según la recopilación de experiencias similares en el marco europeo, los 'populares' estiman que este tipo de reducciones impositivas permite la recuperación inmediata de un 30% del coste inicial.

En este punto, Costa aseguró que "una reducción de impuestos no necesariamente implica una menor recaudación", y precisó que las tesis socialistas que apuntan a que una reducción impositiva conlleva un sobrecoste para las administraciones es "una política de resignación".

"DISCRIMINACIÓN POSITIVA" NECESARIA

Por otro lado, los populares afirmaron que la reforma fiscal pretende beneficiar a los ciudadanos con rentas más bajas, con lo que hasta 7 millones de contribuyentes podrían dejar de pagar impuestos. Entre estos ciudadanos se encontrarían, no sólo aquellos con rentas del trabajo inferiores a 16.000, sino también otros que se beneficiarán de diferentes figuras fiscales en virtud de sus circunstancias personales.

Con todo, uno de los colectivos prioritarios para el PP son las mujeres trabajadoras, ya que disfrutarán de una reducción en el IRPF. En este punto, el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP reconoció que esta medida supone una "discriminación positiva" que tiene, sin embargo, una justificación en la necesidad de cumplir el mandato constitucional de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

CONVENCER A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por otro lado, Costa se mostró convencido de que la rebaja de impuestos será bien acogida por las comunidades autónomas, que recaudan el 30% del IRPF, ya que, en su opinión, "es muy difícil" que las administraciones autonómicas no se adhieran al objetivo político de permitirá un mayor ahorro a las familias con menores rentas.

Además, precisó, nuevamente, que la aceleración de la actividad económica evitará que las comunidades autónomas sufran una pérdida de ingresos impositivos.

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

Por último, los dirigentes 'populares' señalaron que el programa electoral del Gobierno tratará de controlar el gasto público y establecer mecanismos de disciplina presupuestaria para que todas las administraciones, no sólo el Estado, cumplan con los techos de gastos.

Además, el PP prevé dotar de mayor autonomía a los organismos reguladores (CNMV, CMT, CNC o CNE) a través del nombramiento de sus presidentes y miembros por una mayoría de 3/5 en el Parlamento o a través del alargamiento de sus mandatos durante 6 años no renovables.

Asimismo, avanzaron que el PP convocará el Pacto de Toledo para establecer un "horizonte e viabilidad" del sistema de pensiones antes de tomar medidas al respecto, y avanzaron que presentarán un "novedoso" paquete de medidas en materia de fiscalidad medioambiental en el marco de la lucha contra el cambio climático.