Nueva York.- La organización Human Rights Watch (HRW) pidió hoy al Consejo de Seguridad de la ONU que prohíba cualquier nueva inversión en la industria de hidrocarburos de Birmania (Myanmar) y detenga los pagos que el Gobierno recibe de empresas extranjeras que han invertido en ese sector.
La organización de derechos humanos denunció, en un comunicado de prensa, que el régimen militar birmano utiliza esos ingresos para mantener el control del país y financiar la represión de sus opositores.
La organización de derechos humanos denunció, en un comunicado de prensa, que el régimen militar birmano utiliza esos ingresos para mantener el control del país y financiar la represión de sus opositores.
"Los generales birmanos actúan como si fueran inmunes a la condena global de sus acciones porque sigue recibiendo dinero de los proyectos petrolíferos y de gas financiados desde el exterior. Eso debe terminar", dijo en un comunicado el director del programa de Derechos Humanos y Empresa de HRW, Arvind Ganesan.
Según la organización de derechos humanos, un total de 27 compañías de 13 países cuenta con inversiones en los campos petrolíferos y gas natural de Birmania, entre ellas 13 que son completa o parcialmente propiedad de gobiernos extranjeros.
Los ingresos que recibe la Junta Militar que gobierna el país desde hace cuatro décadas de este sector le permite "sostenerse en el poder" y "financiar al Ejército, sin beneficiar a la población en general", aseguró HRW.
Los ingresos de Rangún derivados de los hidrocarburos aumentaron en 1.000 millones de dólares en 2006 comparado con el año anterior.
Se espera que estos ingresos sigan escalando en los próximos años gracias a la subida del precio del combustible y la explotación de un nuevo campo de gas descubierto por un consorcio liderado por empresas de Corea del Sur, según los análisis de Human Rights Watch.
"Los generales birmanos han usado esas futuras fuentes de energía para comprar el silencio de países sedientos de combustible, como China e India. A esos gobiernos se les debería advertir de que su reconocimiento internacional sufrirá si no alteran sus relaciones comerciales con Birmania", valoró Ganesan.
Según HRW, el Comité de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC), el órgano a través del que los militares controlan el gobierno, recibió solamente en 2006 cerca de 2.600 millones de dólares de la venta de gas a la vecina Tailandia.
Los hidrocarburos es uno de los pocos sectores de la economía birmana que han logrado evadir la actual crisis económica que vive el país.
Las nuevas sanciones internacionales favorecidas por HRW incluirían cualquier transacción con empresas y entidades controladas por los militares birmanos, como es la gubernamental Empresa de Petróleo y Gas de Myanmar.
En caso de no lograr un consenso en el Consejo de Seguridad, países como EE.UU., los de la Unión Europea (UE), China o India con inversiones en Birmania debería actuar unilateralmente y congelar los fondos de las empresas birmanas en el exterior, según Human Rights Watch.
Al mismo tiempo, prosiguió la organización de derechos humanos, las compañías con vínculos con Rangún deberían hacer públicos todas las transacciones y pagos que involucren a los militares birmanos o a las entidades que controlan.
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