La Paz.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, achacó hoy a "grupos delincuenciales" los disturbios en Sucre, que causaron tres muertos y más de 130 heridos este fin de semana, y dio por segura la ratificación de su nueva Carta Magna, aprobada anoche por 136 de los 255 constituyentes.
En un mensaje transmitido por la televisión estatal, Morales no habló en concreto sobre los fallecidos, dos manifestantes y un policía linchado, pero pidió una investigación "urgente e imparcial" para dar con los responsables.
El mandatario también acusó al líder opositor y ex presidente Jorge Quiroga, jefe de la alianza derechista Poder Democrático y Social (Podemos), de haber promovido y "previsto" la violencia en esa ciudad.
Morales felicitó a los "movimientos sociales", como llama a los partidos y sindicatos que apoyan a su gobierno, por haber respaldado a la Asamblea Constituyente y la aprobación en primera instancia de la nueva Carta Magna, que se efectuó en un cuartel en las afueras de Sucre, la capital oficial del país.
El jefe de Estado reiteró que con seguridad su nueva Carta Magna "será refrendada y aprobada mediante un referéndum del pueblo boliviano", en alusión a la votación fijada en la legislación vigente para validar el nuevo texto constitucional, aunque antes debería ser aprobado artículo por artículo y en una revisión.
El proyecto de Constitución de Morales fue aprobado a mano alzada por los constituyentes oficialistas, en ausencia de todos los opositores, en una sesión accidentada y maratoniana, luego de que se leyera solo su índice y parcialmente los informes temáticos, por lo que hasta ahora se desconocen los textos admitidos.
El gobernante dijo que la nueva Carta Magna garantiza las autonomías departamentales y las indígenas, pone "candados" a la nacionalización de los hidrocarburos y declara como "derecho humano" los servicios básicos de agua, energía y telecomunicaciones, para que no sean un negocio privado.
También garantiza, según Morales, la lucha contra la corrupción, para investigar fortunas mal habidas, y plantea la posibilidad de revocar los mandatos de los alcaldes, los gobernadores regionales y del mismo Presidente.
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