La reforma de Chávez coloca la reelección y la propiedad privada en el centro de los debates

Caracas.-  La reforma constitucional que promueve el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha generado interpretaciones encontradas en aspectos como la reelección, la propiedad privada, los estados de excepción o la concepción socialista del Estado.

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Los cambios propuestos en la Carta Magna de 1999 serán sometidos a consulta popular el 2 de diciembre para que unos 16 millones de ciudadanos puedan pronunciarse con su voto.

La valoración, positiva o negativa, del proyecto depende del bando: para los "chavistas" se trata de una "profundización de la democracia" y para sus adversarios de una iniciativa "totalitaria".

Respecto a la reelección, la oposición dice que al suprimirse que el presidente solo pueda ser "reelegido, de inmediato y por una sola vez", como señala el articulado actual, se abre la opción a que Chávez permanezca de forma "ilimitada" en el poder.

El oficialismo responde que no poner límites a las veces que un presidente puede presentarse a la reelección es equiparar la norma venezolana a la que rige en países como Francia.

Añade que el cambio respeta la democracia porque quien decidirá si un presidente sigue en el poder al finalizar su mandato, sin importar las veces, o es reemplazado por otro, será el pueblo con su voto.

La discrepancia se repite al tratar de la propiedad privada, pues mientras los opositores aseguran que los cambios la "eliminan", al desaparecer del texto la palabra "derecho" a la propiedad privada, los oficialistas sostienen que sigue "reconocida y garantizada".

El texto propuesto dice que "se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad" y al hablar de la privada la define como "aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso, consumo y medios de producción legítimamente adquiridos".

El artículo añade que "por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".

Otro de los asideros de la controversia apunta a que el artículo original indica que "sólo" por utilidad pública se podrá expropiar, y en la nueva no figura la palabra "sólo", lo que, en opinión de quienes rechazan el cambio, crea incertidumbre y abre la puerta de la discrecionalidad.

El diputado Ismael García, del partido Podemos (izquierda), ex aliado del gobierno, criticó que, en su opinión, no se hable explícitamente de los grandes inversores y que se reconozca la propiedad privada pero esté en duda su uso al haberse eliminado también el término "disposición".

"No sé qué se pretende con eso. Deberían explicarlo quienes quieren quitarlo. Para nosotros es necesario darle garantías no sólo a quien tiene una casa o un carro, sino también a los grandes sectores de inversión", dijo.

Igualmente da pie a la discusión el que en la nueva redacción aparezcan, además de la propiedad privada, otras formas de posesión como la pública, la social, la comunal, la ciudadana, la colectiva y la mixta, no estando claras sus peculiaridades.

El establecimiento de estados de excepción, recurso extremo reconocido por casi todas las legislaciones del mundo, es también objeto de polémica al haberse excluido del texto modificado algunas garantías recogidas en el vigente.

El artículo propuesto dice que en casos de estado de excepción podrán suspenderse o restringirse temporalmente garantías salvo "el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la incomunicación, la desaparición forzosa, el derecho a la defensa, la integridad personal, el derecho a juicio y a no recibir penas superiores a los 30 años", pero no incluye el derecho a la información.

La oposición afirma que no incluir el derecho a la información de las excepciones es un atentado contra la libertad, mientras que los portavoces pro gubernamentales aseguran que los países democráticos también asumen esa limitación y ponen el ejemplo de guerras como las de Irak o Afganistán.

En cuanto a la concepción socialista del Estado, sus detractores dicen que institucionalizar esa propuesta excluirá a los no socialistas, mientras que sus defensores presentan como ejemplo el de España, que siendo constitucionalmente una monarquía parlamentaria no discrimina a los republicanos.