Granada.- Las familias rumanas que han sido desalojadas hoy del Cortijo Nuevo, ubicado en la carretera de Dílar en Granada, no descartan volver a ocupar otro inmueble en la capital granadina antes que "dormir en la calle", con la excepción de dos de las diez familias que han conseguido acceder a una vivienda.
El conocido como Cortijo Nuevo, ubicado en la carretera de Dílar, en Granada, y que era ocupado de forma ilegal por familias rumanas ha sido desalojado hoy de forma pacífica ante un amplio despliegue policial. En la imagen, varios rumanos durante el desalojo.
La mayoría de las personas, unos 40 adultos y 17 menores, optaron por abandonar el cortijo la pasada noche, al tener constancia de que el desalojo se produciría hoy, mientras que el resto lo hizo esta mañana, de forma pacífica, ante un amplio despliegue policial formado por unos 200 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local.
Los ocupantes, que contaron con la asistencia de un traductor, no mostraron resistencia, aunque en un principio se negaron a ser identificados para evitar ser denunciados por ocupación.
Diversos operarios han limpiado el entorno durante la mañana, además de proceder a la demolición de parte del inmueble y al tapiado del mismo para evitar que vuelva a ser ocupado.
Según ha manifestado Divina, una de las últimas mujeres en dejar el cortijo pese a que ha conseguido una vivienda, ha explicado a los periodistas que la Junta le ha concedido una casa en el barrio granadino de Almanjáyar, después de siete años de intentos.
"He venido a España en busca de una vida mejor, en Rumanía tenía que andar hasta cinco kilómetros para llegar a una tienda y comprar la comida para mis hijos", ha recordado Divina.
Según ha informado a Efe Natalia García, portavoz de la plataforma "El Cortijo", constituida para defender los intereses de estas familias, la ocupación se produjo el pasado marzo, fecha desde la que trabajan para llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía y encontrar alternativas de alojamiento.
"El único acuerdo al que han llegado ambas administraciones es la fecha del desalojo y el número de efectivos policiales", según ha manifestado la portavoz, quien ha añadido que hay recién nacidos y mujeres embarazadas que "se quedarán en la calle".
La plataforma ha exigido a las autoridades un plan integral para trabajar con la población rumana y gitana residente en Granada, que tiene problemas de alojamiento por "la resistencia a alquilar viviendas a la comunidad rumana", según ha considerado la portavoz, quien cree que se debe a un problema de "racismo".
Este cortijo, cuyo desalojo está respaldado judicialmente, fue cedido por el Ayuntamiento de Granada al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), que necesita el espacio para la ampliación del campus.
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