La Constitución de Morales otorga libre determinación y privilegios a los indígenas

La Paz.-  El proyecto de carta magna del presidente boliviano, Evo Morales, aprobado por la mayoría oficialista de la Asamblea Constituyente el sábado pasado en medio de disturbios violentos, incluye derechos exclusivos para los que llama "naciones y pueblos indígena originario campesinos".

ampliar foto

(EFE)

Bolivia tiene casi diez millones de habitantes, de los cuales dos terceras partes se definen como mestizos en las encuestas, aunque también dos tercios se identifican, al mismo tiempo, con alguna de las 36 etnias aborígenes.

Entre otros derechos de los indígenas que no tendrán el resto de los bolivianos están "la libre determinación y territorialidad", aunque "en el marco de la unidad del Estado", así como la protección de sus lugares sagrados, según el texto publicado hoy por el diario local "La Prensa".

Las instituciones indígenas serán "parte de la estructura general del Estado" y sus pueblos tendrán derecho a la "titulación colectiva de sus territorios", según el proyecto del aimara Morales, que tiene 408 artículos y 13 disposiciones adicionales, con aproximadamente 2.000 párrafos.

El prolijo texto, tildado de "nulo" por el colegio de abogados y rechazado por la oposición, consagra el derecho de los 36 pueblos originarios de Bolivia "a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados".

La presencia de las naciones indígenas esta presente desde la definición de Bolivia como "Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural", que se funda "en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país".

Así rezará el artículo 1 de la carta magna si Morales persiste en imponerla unilateralmente, como ocurrió el sábado pasado, cuando 136 constituyentes oficialistas, de 255 elegidos, aprobaron el texto en primera instancia, lo que originó disturbios en Sucre en los que hubo al menos tres muertos y 300 heridos.

La oposición recuerda que en las elecciones de 2006 para integrar la Asamblea Constituyente, el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), tuvo el 50,5 por ciento de los votos, y argumenta que con una mayoría tan justa el presidente no debería imponer su visión a la otra media Bolivia.

El proyecto del gobierno otorga también a los indígenas derecho "a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos", a una educación "intracultural, intercultural y plurilingüe", y a un sistema de salud "que respete su cosmovisión y prácticas culturales".

Además, "a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios".

"Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición y a la delimitación y consolidación legal del territorio que les corresponde", agrega la propuesta constitucional de Morales.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cámara única que tendrá Bolivia si este proyecto se concreta, "se garantiza la participación proporcional de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas".

Con todo, el proyecto publicado hoy es, en este y otros aspectos, mucho menos radical que los primeros que circularon en medios del MAS, confederación de partidos, sindicatos y asociaciones nacionalistas, indigenistas y de izquierda.

Los mayores pueblos indígenas de Bolivia son el quechua, con 2,6 millones de personas que viven sobre todo en los valles centrales (también hay en Perú y Ecuador), y el aimara, con 1,5 millones instalados en el altiplano andino, a 4.000 metros sobre el nivel del mar (las demás etnias no suman entre todas 100.000 personas).