El comisionado de paz colombiano dice que ley ofrece beneficios por rehenes de las FARC

Bogotá.-  El gobierno colombiano recordó hoy que aplicará y otorgará beneficios jurídicos a rebeldes de las FARC que liberen secuestrados, como lo establece un artículo de la Ley de Justicia y Paz para desmovilizados.

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(EFE)

El Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, hoy en Bogotá, en la presentación de un informe detallado ante el Senado de la gestión de la Senadora colombiana Piedad Córdoba como facilitadora en el acuerdo humanitario con las FARC.

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, así lo señaló al intervenir en un debate en el Senado al que estaba citado junto a la legisladora Piedad Córdoba, para explicar la frustrada facilitación de la congresista y la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez.

El alto cargo explicó que los beneficios a los rebeldes se ofrecen aplicando el artículo 61 de la Ley de Justicia y Paz, con el que el Gobierno tiene herramientas jurídicas para adelantar acuerdos humanitarios de manera aislada y no necesariamente con los jefes máximos de las organizaciones subversivas.

Restrepo aludió a afirmaciones de la senadora Córdoba, según las cuales, de haber continuado su facilitación y la del presidente Chávez, la guerrilla de las FARC liberaría a algunos rehenes antes de que finalice este año.

El funcionario, sin embargo, dijo que el Gobierno Colombiano no tiene ninguna certeza de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregarán pruebas de supervivencia de los secuestrados en su poder, ni tampoco de que liberarán a algunos.

"Está bien que las FARC no quieran al presidente Álvaro Uribe y que no sientan ningún respeto por este Gobierno, pero si tienen respeto por el presidente Chávez, es importante que le hagan llegar esas pruebas de vida", afirmó el funcionario colombiano.

Asimismo, reiteró que el Gobierno ofrece esos beneficios jurídicos y de reincorporación a la vida civil a miembros de grupos guerrilleros que entreguen secuestrados en su poder a facilitadores de los gobiernos de Francia o Venezuela, o a la Cruz Roja Internacional.

Según Restrepo, si bien es cierto que Chávez "generaba la máxima confianza en las FARC, lamentablemente lo que sucedió fue otra cosa", y precisó que "se empezó a crear un escenario paralelo, que era de mucha expectativa, pero nada anclado en la realidad"

Para el gobierno colombiano, subrayó el ato cargo, con las FARC "se construyen, del lado de la democracia, fórmulas, y ellos no avanzan de manera sustantiva".

En "el espacio abierto" por el presidente Chávez y la senadora Córdoba, señaló, "había que ponerle un límite y por eso esperábamos resultados y no entrar a una negociación interminable".

Indicó que en el Gobierno "creemos que nos hemos jugado todas las cartas internacionales en cuanto a facilitadores designados públicamente (...) pero las FARC insisten en desmilitarizaciones" de territorios.

"No creemos conveniente abrir más escenarios internacionales", dijo y aclaró enseguida que quería "dejar claro que no considerar conveniente abrir espacios públicos internacionales no significa que cerremos caminos de diálogo" con esa guerrilla.

Admitió que "las FARC, ocasionalmente han entregado pruebas de vida" y dijo que ojalá "en un gesto unilateral cumplan el compromiso de entregar pruebas de supervivencia si las prometieron al presidente Chávez".

Si las entregan, añadió, "vemos eso con buenos ojos, y si además quieren entregar un grupo de secuestrados, que ojalá lo hagan. Si los quieren al presidente (francés Nicolás) Sarkozy, a la Cruz Roja Internacional, a quien quieran, son gestos unilaterales que consideramos bienvenidos".

Dijo también que el gobierno cree necesario "salir del círculo vicioso" de que "solo se puede hablar con el Secretariado" (máxima jerarquía de las FARC), y reveló las ofertas de la Ley de Justicia y Paz para cualquier guerrillero o mando que entregue rehenes.

Las FARC pretenden el intercambio de unos 500 de sus guerrilleros por 45 rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt (que también tiene nacionalidad francesa), tres contratistas estadounidenses, y decenas de soldados, policías y políticos.