Ana Botella se acoge al secreto sumarial para no dar datos concretos sobre el área de Medio Ambiente

MADRID.-  La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, se acogió hoy durante el pleno extraordinario sobre el 'caso Guateque' en el secreto sumarial impuesto por el Juzgado número 32 de Madrid para evitar dar datos concretos sobre las posibles responsabilidades políticas y sobre los expedientes implicados desde el área de Gobierno que dirige.

EP (EUROPA PRESS)

La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, se acogió hoy durante el pleno extraordinario sobre el 'caso Guateque' en el secreto sumarial impuesto por el Juzgado número 32 de Madrid para evitar dar datos concretos sobre las posibles responsabilidades políticas y sobre los expedientes implicados desde el área de Gobierno que dirige.

Así, la edil recordó que "el sumario será secreto hasta que se abra el juicio oral, lo que impone un deber de absoluto sigilo so pena de que la parte instructora pueda tomar medidas contra quien incumpla el secreto, ya que esto podría poner en peligro la investigación sumarial porque se podrían destruir pistas".

Además, ante las increpaciones del concejal socialista Pedro Santín y de la edil de IU Raquel López, quienes le pedían que cumpliera con el orden del día y el objetivo de su comparecencia, Botella replicó que ella estaba "ateniéndose a lo que el Juzgado había pedido". "Yo no tengo que limpiar ninguna casa", respondió la popular a Santín ante su petición de apuntar las posibles responsabilidades políticas dentro de su Concejalía.

"Yo sólo puedo informar de ciertas cosas, porque el resto está protegido por el secreto sumarial, pero es muy grave insinuar que hay más gente implicada en la trama cuando el caso está ceñido en estos momentos a unas personas y unos expedientes, que son los que ha pedido el juez, y usted no puede hacer eso extensivo a nadie más", insistió Botella.

Además, la concejala de Medio Ambiente negó que se esté investigando a persona alguna que no pertenezca al funcionariado, y añadió que Joaquín Fernández de Castro, uno de los imputados y actualmente en prisión, "no era un cargo de confianza, sino un funcionario de libre designación". Por último, Botella recordó que "el Ayuntamiento ha facilitado al juez de instrucción todos los medios necesarios para poder llegar al punto de la investigación en el que estamos".

TRAMITACIONES EN UN MES

En su intervención, Botella recordó al Pleno municipal la ordenanza vigente para obtener los documentos de Medio Ambiente necesarios para conseguir las licencias de funcionamiento de los locales, la edil aseguró que "los informes de impacto ambiental" dependientes de su Concejalía "se están tramitando en un máximo de un mes, y además la ordenanza establece tres meses como máximo", gracias a las medidas de reforma adoptadas en el último año, y pidió que "no se generalice y se estudie cada expediente antes de pensar que todo es lo mismo".

Así, relató que su área de Gobierno encargó a una empresa pública los medios necesarios para poder mejorar los tiempos de tramitación de los expedientes ante la relación del volumen de entrada y las salidas, que "hacía necesario que se actuara más rápido". "Ahora, a 15 noviembre de 2007, sólo quedan 55 expedientes de actividades recreativas, 5 demoliciones, una autorización ambiental y 143 expedientes de actividades industriales en un estado muy avanzado de resolución".

"Este plan de choque reduce los plazos de tramitación a un mes, así que estamos cumpliendo con la ordenanza de evaluación ambiental", apostilló Botella, añadiendo que "la Concejalía sigue trabajando para aportar lo que sea conveniente para reestructurar el sistema de licencias en el futuro, analizaremos los expedientes de los últimos tres años, propondremos un nuevo sistema de información, crearemos una plataforma informática para conocer en tiempo real el estado de la tramitación, y modificaremos si es necesario la ordenanza".

Sin embargo, la edil de IU Raquel López negó que estos plazos sean reales y aludió a 20 pasos que el solicitante de una licencia debe pasar para conseguirla, y que puede prolongarse "si hay suerte" hasta dos años. "Esto se ha convertido en un vía crucis tal que lleva al empresario a pagar lo que sea para que su negocio se ponga en marcha", indicó.

Por este motivo, IU pidió exigencias al Gobierno local ya que "el PP lleva 18 años en el poder del Ayuntamiento y es responsable del modelo de gestión que lleva a cabo, modelo que es muy propicio para que aparezcan corruptelas". Además, López hizo hincapié en que "el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ya sabía de esta situación al menos desde 2005 a través de las cartas que le enviaron algunos afectados". "Y los gerentes de las Juntas municipales son los que firman las concesiones de licencia, así que podrían haber visto las fechas de petición y de expedición", concluyó.

MÁS DILIGENCIA

Por último, Botella reclamó además a IU y PSOE "la misma diligencia" a la hora de pedir responsabilidades políticas al Gobierno de la Nación por la supuesta trama de cobro de comisiones en la Delegación de Gobierno de Madrid a los inmigrantes para conseguir sus papeles.

"Esta diligencia loable que han tenido IU y PSOE para pedir explicaciones en este caso, no la han tenido para pedir una comisión de investigación al PSOE en el Congreso sobre la Delegación de Gobierno y la supuesta trama de extorsión a inmigrantes para conseguir sus papeles", concluyó la edil.