Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Guatemala que otorgue medidas de protección urgente para 26 niños que se encuentran en proceso de adopción, informó hoy la organización Casa Alianza.
El senador estadounidense Norm Coleman estuvo la semana pasada en Guatemala para verificar personalmente los procesos de adopciones de niños guatemaltecos, cuyo principal destino es Estados Unidos.
El pasado 12 de octubre, representantes de Casa Alianza Guatemala, una organización humanitaria que trabaja en favor de los derechos de la niñez, y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron ante la CIDH las "constantes irregularidades en los trámites de adopción de niños en Guatemala".
En la audiencia, que formaba parte del 130 periodo de sesiones del organismo iberoamericano, las dos agrupaciones presentaron a la CIDH, que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), una solicitud de medidas cautelares a favor de un grupo de niños y niñas cuyos procesos de adopción se encontraban en trámite.
El objetivo de la solicitud era garantizar que los niños afectados tuvieran un proceso de adopción transparente con el respeto a sus derechos y a su interés superior, tal y como se plantea en la Convención de Derechos del Niño, suscrita en Guatemala en 1990, y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en vigor desde 2003, según las dos organizaciones.
Ahora, el Gobierno de Guatemala tiene la obligación de definir el lugar y las condiciones de los niños, su situación jurídica y familiar y las medidas que prevén adoptar para su protección, indicaron las dos organizaciones.
Según las mismas fuentes, la CIDH fijó un plazo de 10 días para que el Gobierno de Guatemala informe acerca de las medidas adoptadas, y solicitó que se actualice dicha información cada mes.
En un comunicado, Casa Alianza y el CEJIL valoraron la aprobación de medidas cautelares por parte de la CIDH, porque, además de proteger los derechos de los beneficiarios, "constituyen un precedente para que el Estado guatemalteco tome las medidas adecuadas para que los 3.600 casos pendientes de trámite se realicen conforme al debido proceso y que Guatemala cumpla con la normativa legal existente".
Las dos organizaciones esperan que la problemática sea abordada de manera integral por el Estado y exigen que la aprobación de la nueva Ley de Adopciones sea conforme a la Convención de La Haya y los estándares internacionales de los derechos humanos.
Un reciente estudio, en el que participaba Casa Alianza, indicó que las adopciones internacionales de niños guatemaltecos, que cada año dejan millones de dólares en ganancias a las redes dedicadas a este "negocio", generan una "economía del delito" en este país.
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