Ecuador pretende liderar frente contra el Ciadi en Latinoamérica

Quito.-  El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló hoy que pretende liderar un frente contra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) al considerarlo perjudicial para Latinoamérica.

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(EFE)

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, hoy, en una rueda de prensa en el palacio de Carondelet, en Quito.

Sus comentarios se dieron en una rueda de prensa en la que se le consultó sobre la posición que adoptará Ecuador ante la eventualidad de que empresas petroleras demanden al país ante el Ciadi por la reciente reforma a la ley que redistribuye 99 por ciento a 1 las ganancias de los excedentes petroleros.

"Vamos a entrar en conversaciones con países altamente demandados ante el CIADI, como Argentina y Bolivia para tomar acciones en común. Ya basta de que estemos sometidos a instancias no solo extra nacionales sino extra regionales", especificó Correa a Efe al ser consultado sobre su anuncio respecto al frente común.

Correa indicó que "Ecuador sabrá hacer respetar su soberanía y, como principio, en la nueva Constitución no permitiremos que estas instancias extra regionales nos indiquen qué hacer o qué no".

Mañana se instalará en Ecuador una Asamblea Constituyente, de plenos poderes, en la que el oficialista movimiento Alianza País tiene mayoría, y que redactará una nueva Carta Magna.

El ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, también dijo a Efe que el Gobierno ha decidido denunciar el tratado del Ciadi.

"La idea del presidente (Correa) es promover que otros países de América Latina, analizando esta situación, y bajo los principios de su soberanía, puedan aliarse con Ecuador para, también impulsar desde sus naciones, una actividad similar", indicó Chiriboga.

El ministro recalcó que la idea del frente común "es de Ecuador pues considera que no es conveniente, por términos de soberanía jurídica, llevar los conflictos a una instancia fuera del país".

"Ecuador quisiera y aspira a que los conflictos jurídicos que se producen en Ecuador sean resueltos en el Ecuador, con leyes y jueces ecuatorianos", añadió al aclarar que al momento hay ante el Ciadi una demanda contra Ecuador de la empresa petrolera Occidental (Oxy).

El Estado ecuatoriano dio por terminado el contrato con Oxy, de EE.UU., al considerar que violó importantes cláusulas del mismo.

Ante el Ciadi también ha presentado una demanda la empresa estadounidense City Oriente por una ley que el año pasado redistribuyó los excedentes petroleros a la mitad entre el Estado y las compañías privadas.

El procurador del Estado, Xavier Garaicoa, dijo hoy que solicitará la revocatoria de las medidas cautelares que emitió el Ciadi este mes contra el Ecuador por el caso de City Oriente, al considerar que son "desproporcionadas" e "imposibles de aplicar".

El Gobierno ecuatoriano reformó recientemente la ley de distribución de excedentes para quedarse con el 99 por ciento y dejar el 1 por ciento a las empresas privadas y Correa apuntó hoy que si por ello las empresas presentan algún reclamo ante el Ciadi, el país sabrá defenderse.

Ecuador negocia en la actualidad un posible cambio de modalidad del contrato de participación al de prestación de servicio con las petroleras.

Para Chiriboga, es "razonable" la decisión de la empresa hispano argentina Repsol-YPF de abrir un período de diálogo de seis meses en busca de solucionar amistosamente las divergencias sobre el 99/1.

Apuntó que el Estado "no está sometido a presión de ninguna clase; el Estado ecuatoriano abrió desde un inicio la posibilidad de renegociar, discutir, conversar, acordar con estas empresas".

"Si estas empresas se ponen un límite temporal, ese es un derecho que ellas tienen y que nosotros no podemos objetar", señaló al expresar su esperanza de que esas negociaciones se den en plazos incluso menores de los que aspiran las propias empresas.

Chiriboga aclaró que el Estado ecuatoriano "no es confiscatorio" y si en la posible migración de contrato, las empresas no han recuperado la totalidad de sus inversiones, "el Estado no va a quedarse con un tornillo de esas empresas".