Guadalajara.- El vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, cree que la moción aprobada por el Ayuntamiento de Guadalajara que insta a la Junta a que equipare el coste de la vivienda protegida en Guadalajara al del resto de la región "va en una línea adecuada".
El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata.
Lamata, que se desplazó hoy a la capital alcarreña para ofrecer una charla sobre el Día de la Constitución en un instituto, dijo, a preguntas de los periodistas sobre el precio más elevado de las viviendas de protección en Guadalajara con respecto al resto de la región, que "los precios deben equipararse progresivamente en un horizonte razonable", para que haya un precio homogéneo.
Según Lamata, Guadalajara ha tenido un dinamismo mayor y quizá los costes de construcción o de suelo justificaban, en un momento determinado, esa diferencia de precio, pero hoy en día los precios deben igualarse, "porque si no sería estropear el objetivo que queremos conseguir", aseveró.
En cualquier caso, apostilló, esta cuestión deberá discutirse en el ámbito de la provincia de Guadalajara y con las empresas constructoras.
En referencia a la promesa que realizó el presidente regional, José María Barreda, en su última campaña electoral en relación a la ayuda que concederá el Gobierno regional a las personas que, teniendo derecho a una vivienda de protección, no la consiguieran en el plazo de un año, indicó que se trata de un compromiso de legislatura que "se está desarrollando de acuerdo a las fases previstas".
El primer paso ha sido poner en marcha una estructura de gestión de suelo y ya se ha remitido a las Cortes para su aprobación la Ley que crea la Agencia de Gestión del Suelo, explicó Lamata, quien matizó que dicha Agencia va a permitir adquirir suelo público y gestionarlo para poder impulsar la promoción de viviendas.
Recordó que "el objetivo es que podamos poner en el mercado 50.000 viviendas de precio asequible a lo largo de esta legislatura, en cualquiera de las fórmulas de protección oficial".
Según Lamata, desde el Gobierno regional se cree que la vivienda puede abaratarse y tener una evolución en los precios más asequible, por lo que, a lo largo del año que viene, se elaborará la Ley de Garantía de Acceso a la Vivienda y "esperamos que en el plazo de año o año y medio pueda estar aprobada".
En su opinión, entonces se entraría ya en la fase de ejercicio de ese derecho y ello supondría que en el Registro de Demanda de Vivienda Pública "tendríamos el plazo del año que está fijado".
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