Aprobada la Ley de Farmacia que otorgará a la Junta la potestad de adjudicar oficinas

Sevilla.-  El pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con el único apoyo del PSOE, la Ley de Farmacia de Andalucía que prevé que la Consejería de Salud asuma la planificación de los servicios farmacéuticos mediante convocatorias públicas, frente al anterior sistema de adjudicación a instancia del farmacéutico.

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(EFE)

La consejera de Salud, María Jesús Montero.

La nueva ley, que fue rechazada por el PP y el PA y ha contado con la abstención de IU, permitirá la apertura de más farmacias bajo los principios de "transparencia y libre concurrencia", según ha informado la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien ha expresado su alegría por la aprobación una norma "mejorada" en el trámite de enmiendas.

Los portavoces del PA, Antonio Moreno, y de IULV-CA, José Manuel Mariscal, han coincidido en denunciar que esta nueva ley haya tardado tanto en aprobarse en la Cámara, y han lamentado que en el trámite parlamentaria de enmiendas no se haya contado con las aportaciones de ambos partidos.

Por su parte, el portavoz del PP, José Guillermo García Trenado, que ha recordado que es una ley anunciada durante años por el Gobierno andaluz, ha declarado que cuando se apruebe la norma su grupo la impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC) debido al artículo sobre "transmisiones onerosas" de las farmacias.

El PP considera inconstitucional el artículo de la ley en el que se introduce la figura del concurso público de las transmisiones, y ha manifestado que ya existe una posición al respecto en recursos planteados en Extremadura y en Castilla-La Mancha.

Mediante esta ley, la Consejería de Salud será la que fijará los lugares en los que se pueden abrir las nuevas oficinas de farmacia, flexibilizando los criterios generales para tener en cuenta los incrementos de población censada, flotante o estacional.

Con ello se pretende ajustar la oferta a la demanda real y a los crecimientos demográficos, por lo que se permitirá la instalación de nuevas oficinas en núcleos rurales o de expansión urbana con un mínimo de mil habitantes, así como en aeropuertos y centros de tráfico de viajeros y mercancías, entre otros emplazamientos.

Esto supondrá, en una primera fase, la apertura de unas 250 nuevas farmacias en las ocho provincias, que en un plazo medio podrían alcanzar las 500, que se sumarán a las 3.540 existentes en la región, según destacó la consejera de Salud.

La ley también prevé la apertura de servicios farmacéuticos en todos los distritos de atención primaria y en los hospitales de más de cien camas.

La adjudicación de nuevas farmacias se realizará siempre mediante concurso público, atendiendo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia pública y mérito, al tiempo que se creará un registro para "que se apunten los posibles aspirantes", con un baremo que tendrá en cuenta los méritos académicos, la formación posgraduada, la experiencia y la discapacidad física.

El farmacéutico que quiera vender su oficina tendrá que hacer público el precio de venta, y el nuevo adjudicatario será aquel que obtenga la mayor puntuación en el baremo de méritos dentro del registro creado al efecto.

La norma regula también las condiciones de los traslados, los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de las oficinas de farmacia e incluso la posibilidad de que puedan contar con un servicio de distribución de medicamentos a domicilio.

Otro de los aspectos recogidos es el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, entre los que destaca el de recibir atención farmacéutica con garantías de confidencialidad y con la suficiente información sobre el tratamiento y sus beneficios.

Para ello, la ley refuerza el papel de los farmacéuticos y regula sus funciones y obligaciones: información a los ciudadanos, prevención de la enfermedad y cumplimiento farmacológico, colaboración con los facultativos en la comunicación de posibles reacciones adversas y actuaciones adecuadas para la custodia, conservación y eliminación de medicamentos.