La nueva Ley de la RTVA se aprueba con el único respaldo del PSOE

Sevilla.-  El pleno del Parlamento ha aprobado hoy la nueva Ley de la RTVA con el único respaldo del PSOE, la abstención de IULV-CA y los votos contrarios del PP y el PA, una normativa que ha sufrido numerosas vicisitudes tras haber sido retirado el primer proyecto presentado por el Gobierno andaluz en 2004.

ampliar foto

(EFE)

La diputada del PP María José García Pelayo ha asegurado que al PSOE, en ningún momento, le ha "interesado el consenso y por eso no se ha molestado en buscarlo".

Mientras se debatía la ley en el salón plenario, un grupo de trabajadores de Canal Sur permanecían concentrados a las puertas del Parlamento para expresar su rechazo a esta normativa, por considerar que "sienta las bases" de una futura privatización.

"No queremos una ley que no ha sido consensuada y que no garantiza el futuro de la RTVA", señalan los trabajadores en un escrito que ha sido repartido a la entrada del Parlamento.

La diputada del PP María José García Pelayo, que ha denunciado que el Gobierno ha hecho "oídos sordos" a las reivindicaciones de los trabajadores de la RTVA, ha asegurado que al PSOE, en ningún momento, le ha "interesado el consenso y por eso no se ha molestado en buscarlo".

Según el PP, esta ley "no convence absolutamente a nadie, sólo satisface a los intereses del PSOE", por lo que ha pedido al partido mayoritario que "levante el pie del rodillo" porque las mayorías absolutas "no son un cheque en blanco para nadie".

"El PP no va a pasar por el aro", ha subrayado García Pelayo, que ha indicado que los andaluces y el PP quieren una sociedad "más plural y respetuosa con los que piensan distintos".

En su opinión, esta ley es "la del 'yo me lo guiso y yo me lo como'", al tiempo que ha criticado que no se haya aceptado ninguna de las 52 enmiendas de su grupo, lo que ha achacado a que "no hemos aceptado chantajes políticos ni blindajes del director general".

El PP ha vaticinado que esta ley va a tener "una corta vida" porque el presidente del PP-A, Javier Arenas, si es elegido presidente de la Junta la derogará.

La portavoz de IULV-CA, Concha Caballero, ha asegurado que su grupo era favorable a negociar esta ley pero "no ha habido ni el más mínimo intento de diálogo" en la última fase del proceso.

A su juicio, los cambios introducidos "la estropean aún más" y se sitúa "por debajo" de la ley estatal en cuanto a transparencia y modelo de televisión pública, ya que la normativa andaluza "la hace depender continuamente" de la Consejería de la Presidencia.

IULV-CA, que sólo ha apoyado dos artículos de la ley, presentó 81 enmiendas con el objetivo de garantizar la "calidad" y una gestión transparente y caracterizada por la austeridad, así como de reforzar el papel del Parlamento y de primar la producción propia, pero "nos hemos encontrado con un 'no' con enmiendas tales como la de garantizar la paridad en los órganos directivos".

"Yo sé que el espíritu crítico se paga y estoy honrosa de pagar el peaje", ha dicho Caballero, que ha advertido de que IU no va "a cejar en el empeño" de cambiar la actual situación.

Tras acusar al Gobierno de "hacer trampa" al reservarse con otras fórmulas la elección en última instancia del director general, Caballero ha lamentado la "hermosa oportunidad perdida".

El diputado del PA Antonio Moreno ha asegurado que "en ningún momento ha parecido que hubiera intención de llegar a acuerdos", tras lo que ha señalado que el PSOE ha utilizado Canal Sur como un "altavoz mediático".

Moreno ha criticado el procedimiento previsto en la nueva ley para la elección del director general de la RTVA y ha señalado que "si lo que pretendían eran asegurarse el nombramiento hubiera sido más fácil hacerlo a la primera", ya que la fórmula elegida "va a conducir lo mismo".

La diputada del PSOE Pilar Gómez Casero ha dicho que esta normativa es "la más democrática de todas" las comunidades autónomas y ha asegurado que no ha habido consenso porque la oposición no ha querido.

La nueva Ley de la RTVA establece que el director general del ente público será elegido por una mayoría de dos tercios del Parlamento en primera votación, aunque en caso de desacuerdo se producirá una segunda votación por mayoría de tres quintos.

Además, incluye una cláusula de "desbloqueo" que permitiría a la mayoría elegir al máximo responsable si persiste el desacuerdo en las dos primeras votaciones.