El ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez logra retrasar su procesamiento por desapariciones

Montevideo.-  El ex dictador uruguayo Gregorio "Goyo" Álvarez logró hoy retrasar su posible procesamiento como responsable de desapariciones forzadas durante el régimen militar (1973-1985) con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

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(EFE)

El ex dictador uruguayo Gregorio "Goyo" Álvarez (c) a su llegada a un juzgado de Montevideo para declarar por su presunta responsabilidad en desapariciones forzadas durante el régimen que gobernó en Uruguay entre 1973 y 1985.

La defensa, encabezada por el abogado Carlos Curbelo Tammaro, presentó el recurso contra la "ley de desaparición forzada" y el juez Luis Charles tuvo que postergar su decisión sobre Álvarez.

Curbelo Tammaro alegó en el recurso que no existe jurisprudencia sobre el delito de desaparición forzada, porque hasta ahora nunca se ha aplicado en el país.

La misma estrategia usó la defensa del marino Juan Carlos Larcebeau, citado en la misma causa, mientras que el tercer imputado, Jorge Tróccoli, no se presentó por estar fuera del país como marino mercante, según comunicó al juez su abogado.

La fiscal Mirtha Guianze pidió el mes pasado el procesamiento del ex dictador y los otros dos por múltiples delitos de desaparición forzada de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), algunos de ellos trasladados de manera clandestina desde Argentina.

Esos delitos ocurrieron cuando Álvarez era el comandante en jefe del Ejército y antes de ocupar la Presidencia del país.

Esta es la primera vez que Álvarez es imputado frente a la Justicia, ante la que debió presentarse en varias ocasiones anteriormente pero siempre en calidad de testigo.

En su pedido de procesamiento, la fiscal señaló que el ex dictador "sabía, asentía y ordenaba, dentro de un plan general (de represión coordinada), y es por eso posible atribuirle responsabilidad en su carácter de mando".

"En su condición de comandante en jefe del Ejército, Álvarez no podía ignorar como funcionaban los establecimientos de represión ni quienes operaban allí", estimó la fiscal.

En opinión de Guianze, el ex dictador "no puede ignorar la actividad de sus subordinados en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay", como parte de la represión coordinada contra los opositores políticos por los regímenes militares que gobernaron en el Cono Sur americano durante las décadas de los años 70 y 80, conocida como "Plan Cóndor".

La fiscal explicó que, frente al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa, el juez "debe aceptarlo y pasarlo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ)" que es la que decidirá.

Mientras se estudia el recurso por parte de los cinco ministros que integran la SCJ, el caso queda en suspenso, señalaron a Efe fuentes de la institución.

Guianze recordó que a finales de 2006 otros militares retirados, actualmente procesados y encarcelados mientras se sustancia el juicio por violaciones de los derechos humanos, presentaron un recurso similar que fue denegado por la Suprema Corte "en un plazo de una semana", un tiempo récord.

El martes, la Suprema Corte rechazó otro recurso presentado por seis militares retirados que están presos, de los cuales cuatro enfrentan un pedido de extradición de Argentina que los acusa de violaciones de los derechos humanos.

En ese caso los cinco ministros desestimaron la pretensión de la defensa de los militares, que solicitó que se declarara inconstitucional un artículo de la denominada "ley de Amnistía" aprobada en 1985, tras la recuperación de la democracia.

El ex dictador fue abucheado por unos treinta integrantes de los grupos Plenaria Memoria y Justicia y Fogoneros cuando ingresó al juzgado para declarar en medio de importantes medidas de seguridad.

Al retirarse tres horas después del juzgado, integrantes de ese grupo lanzaron huevos y globos con agua contra Álvarez, algunos de los cuales llegaron a salpicarle y ensuciaron el vehículo en que se retiró.

Un pequeño grupo de militares retirados también se congregó en la zona para dar su apoyo a Álvarez.

Actualmente la principal central obrera del país (PIT-CNT), con el apoyo de varias organizaciones defensora de los derechos humanos, reúne firmas para intentar convocar a un referendo y derogar la denominada "ley de caducidad".

La ley, aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada en las urnas en 1989 por la ciudadanía, puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos.