Grupos de DD.HH. de Ecuador rechazan la represión militar de la provincia petrolera

Quito.-  Varios grupos de derechos humanos de Ecuador rechazaron hoy la represión militar contra pobladores de la provincia amazónica de Orellana, donde se asienta gran parte de la industria petrolera del país, y exigieron al Gobierno que abra un proceso de diálogo con los manifestantes.

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(EFE)

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa (en la imagen), declaró el pasado 29 de noviembre en situación de emergencia a Orellana, lo que dio paso a que se aplique el toque de queda en la localidad de Dayuma.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Servicio Paz y Justicia del Ecuador (Serpaj), en un comunicado conjunto ratificaron sus denuncias por los supuestos abusos cometidos por miliares al sofocar una protesta en Orellana.

"Nos ratificamos en las denuncias presentadas sobre los excesos que cometieron los militares que arremetieron contra la población de Dayuma", que exige obras viales, señala el comunicado.

Además, asegura que los militares violaron los derechos civiles de los manifestantes, causaron heridas a muchos, apresaron a más de 20 personas y crearon un ambiente de "terror" en el sector.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, declaró el pasado 29 de noviembre en situación de emergencia a Orellana, lo que dio paso a que se aplique el toque de queda en la localidad de Dayuma, con el objetivo, según el mandatario, de frenar la protesta que había causado la paralización de las actividades petroleras de la zona.

Además, el Gobierno ha ratificado que, pese a que las demandas de la población son "justas", hay supuestos grupos que se aprovecharon de la situación para generar el caos y afectar la producción petrolera del país, que cayó durante las manifestaciones.

Para los grupos de derechos humanos de Ecuador, la protesta en Dayuma "fue producto de la indignación de una población a la que no le cumplieron, hasta la fecha, los acuerdos firmados con el Gobierno en el año 2005", cuando era presidente Lucio Gutiérrez.

El Ejecutivo también ha apuntado sus críticas a la prefecta (máxima autoridad elegida en las urnas) de Orellana, Guadalupe Llori, por estar, supuestamente, detrás de los actos violentos registrados durante las manifestaciones en Dayuma.

La protesta, agrega el comunicado de los grupos humanitarios, "no tiene relación con proceso político alguno, ni constituye un acto de boicot para frenar el proceso de cambio que ha anunciado este Gobierno".

"Rechazamos la declaración de estado de emergencia en la provincia de Orellana y el toque de queda en Dayuma, ya que estos no son mecanismos para lograr los propósitos del Gobierno de desmantelar las redes de corrupción existentes" en esa jurisdicción, agrega el texto.

Además, afirma que los pobladores de Dayuma, que han sufrido los supuestos abusos represivos, "no son, y nunca han sido parte" de las supuestas redes de corrupción en Orellana.

Asimismo, los activistas deploraron a varios políticos de la oposición que, según advirtieron, intentan aprovecharse de la situación para buscar protagonismo e identificó a partidos que ya han gobernado el país y que, en su momento, tampoco solucionaron los problemas en la región amazónica, la más postergada de Ecuador.