Almería.- El Ministerio Fiscal ha reclamado una pena total de 64 años y medio de cárcel para los trece presuntos integrantes de una red organizada que se dedicaba a la introducción de grandes cantidades de hachís en el litoral almeriense y murciano.
Durante la operación policial, que se saldó con la incautación de 2.460 kilos de hachís, aunque la Guardia Civil tuvo constancia de más desembarcos de droga realizados por el grupo.
Durante la primera sesión del juicio que se ha celebrado hoy en la sección primera de la Audiencia Provincial de Almería, la representante de la fiscalía ha modificado sus peticiones iniciales, por las que demandaba 88 años y medio para los imputados en esta causa, tras alcanzar acuerdos para la reducción de penas con los letrados que representan a ocho de los trece acusados.
Los hechos por los que J.A.M.R., A.F.M.L., P.V.M., J.C.R.V., R.O.S., F.G.L., J.F.C.G., D.M.F., A.H.P., J.A.S.L., R.O.R., S.B.G. y A.Z., éste último de origen magrebí, se han sentado en el banquillo de los acusados se remontan al último trimestre de 2005, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que la red, mediante el uso de embarcaciones de pesca recreativa, estaba realizando entregas de hachís en diferentes puntos de las playas de Adra (Almería) y del sur de la Región de Murcia.
Gracias a las escuchas telefónicas practicadas al amparo del Juzgado de Instrucción número 1 de Berja (Almería), los agentes lograron identificar a los presuntos miembros del grupo, que fueron detenidos tras varios registros domiciliarios practicados en la localidad almeriense de Adra, donde también fueron interceptados dos envíos de droga.
Durante la operación policial, que se saldó con la incautación de 2.460 kilos de hachís, aunque la Guardia Civil tuvo constancia de más desembarcos de droga realizados por el grupo, también se intervino una furgoneta sustraída en Roquetas de Mar (Almería), utilizada presuntamente para el transporte de la sustancia estupefaciente.
La representante de la fiscalía, en sus calificaciones iniciales, consideró a los trece miembros de la red autores de delitos contra la salud pública, por los que pedía penas de entre seis años y medio y cuatro años de cárcel, y de uso ilegítimo de vehículo a motor, por el que reclamó otro año de prisión para doce de los acusados.
En las horas previas al inicio de la vista, que se demoró tres horas, la fiscal y los letrados que representaron a ocho de los acusados alcanzaron un acuerdo por el que la petición de pena inicial total se rebajó en 24 años de cárcel.
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