Una ponencia en Ciudad de la Cultura denuncia la "voluntad premeditada"

Santiago de Compostela.-  Santiago de Compostela, 10 dic (EFE) El borrador de dictamen de la comisión de investigación de la Ciudad de la Cultura, aprobado hoy por PSdeG y BNG y rechazado por el PP, denuncia la existencia de una "voluntad absolutamente premeditada, orientada precisamente a facilitar la relajación de los controles financieros y administrativos".

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(EFE)

Momento de la reunión de la Ponencia de la Ciudad de la Cultura, que han mantenido, por el PP de Galicia, Ignacio López Cháves (i) por el BNG, Carlos Aymerich (d), y por el grupo socialista, Joaquín Leiceaga (2d), hoy en el Parlamento Gallego.

En el documento, de 44 folios, se considera que la Fundación se había convertido en "un ente instrumental excluido de la Ley de contratos de las administraciones públicas y de los mecanismos de control previo y de fiscalización a posteriori previstos con carácter general en la ley".

Además, los relatores consideran que los puestos a cubrir en la Fundación se habían "dibujado para hacer encajar en los requisitos de alta dirección y posibilitar la colocación de personas a partir de vínculos familiares o políticos sin la experiencia mínima requerida".

De los contratos con el arquitecto Peter Eisenman, se señala, entre otros extremos, que del primero de ellos no consta el original ni en la Consellería de Cultura, ni en la Fundación, ni lo tiene su responsable y el "contrato marco", firmado en Abril de 2000, "es nulo de pleno derecho".

El informe que la ponencia eleva a la Comisión critica asimismo que las mesas de contratación contempladas en los pliegos se forman "sin presencia de un Interventor público ni de un asesor jurídico interno" y, entre otros contratos relevantes, señala que, en el caso de la cuarcita para las cubiertas, es suministrada por una empresa que recibe el título de explotación después de abrirse el concurso.

También cita contratos a dos empresas propiedad del hijo de un ex secretario general de la Consellería de Economía, o el caso de tres contratos a Plexus, cuyo administrador fue asesor de comunicaciones de la CRTVG.

Por lo que se refiere al "notable desvío presupuestario", recuerda que nació con un presupuesto de 108,2 millones y, en la actualidad, el gasto imprescindible para concluir el proyecto en las condiciones establecidas por el anterior Ejecutivo, se sitúa en 475,9 millones de euros, 4,40 veces más.

El borrador asume la gestión posterior al cambio de Gobierno, que se encontró con "una realidad tangible" y la práctica totalidad de las obras ya adjudicadas.

Señala que el nuevo Gobierno abrió un proceso de participación y "diálogo racionalmente pautado".

En cuanto a los plazos, anuncia la apertura parcial en el año 2009, la finalización del edificio del Centro de Arte Internacional y otros usos en 2010 y, finalmente, la conclusión del Escenario Obradoiro y Centro de recursos, para 2012.

En las conclusiones, además de la "falta de transparencia", los relatores observan que "la decisión de construir el complejo de la Ciudad de la Cultura de Galicia se adoptó sin que existiese una verdadera justificación de su necesidad" y fue "un sueño del entonces presidente de la Xunta.

Los redactores creen que la adjudicación de las obras de dos edificios el 19 de junio y el 18 de julio, "dos días antes y un mes menos un día después de las elecciones perdidas por el PP, fueron realizadas con la intención manifiesta de condicionar la acción del nuevo Gobierno".

De las adjudicaciones, entienden que los criterios decisivos fueron los que otorgaban "mayor margen de discrecionalidad", frente a la oferta económica, que "tenía una influencia residual con una ponderación media del 2,5 %", cuando ahora es -recuerdan- de al menos el 40 %.

Los grupos que apoyaron el borrador creen que el anterior conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela podría haber incurrido en una "infracción" de la legislación de incompatibilidades, al registrar una empresa el día siguiente a abandonar el cargo con el "objeto social idéntico" a las competencias de su departamento.

También creen que Pérez Varela incumple la Ley de creación de la CRTVG, por su pertenencia al consejo de administración de la compañía y la propiedad de la misma empresa, Chuvieira S.L., por lo que demandan al Gobierno y a la CRTVG copia de todas sus declaraciones de bienes.