Formulan cargos contra ex jefe de inteligencia por interceptaciones ilegales en Colombia

Bogotá.-  La Procuraduría General de Colombia formuló hoy cargos contra un general de la Policía, tres coroneles y una mayor de la misma institución, al establecer su presunta responsabilidad en una interceptación de comunicaciones telefónicas a varias personalidades del país denunciada en mayo pasado.

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(EFE)

Los cargos fueron impuestos un día después de que el gobierno colombiano denunciara la interceptación ilegal y la filtración a la prensa de una conversación del presidente Álvaro Uribe con un ex colaborador.

Fuentes del ente de control del funcionariado en el país precisaron que entre los afectados con el pliego de cargos figuran el general Guillermo Chávez, ex director de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol).

Asimismo, a los coroneles Luis Antonio Ruda Velosa, jefe del Área de Producción de Inteligencia, Jairo Noé Ariza González, jefe del Área de Producción de Inteligencia, y John Lizarazo Suárez, jefe del Grupo de Seguridad Interior.

También a la mayor Gloria Lucia Otálora Gómez, jefe del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol, añadieron.

Los cargos fueron impuestos un día después de que el gobierno colombiano denunciara la interceptación ilegal y la filtración a la prensa de una conversación del presidente Álvaro Uribe con un ex colaborador.

Un comunicado de prensa emitido el domingo por la Presidencia colombiana señaló que con esas interceptaciones y filtraciones se pone "en peligro la estabilidad y seguridad del Estado".

Por las denuncias de mayo pasado también se incluyó en la investigación disciplinaria a la intendente Alisneider Gómez Rondón, quien hacía parte del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol y ejercía como administradora del servidor de la entidad, añadió la Procuraduría.

Los hechos ocurrieron entre el 14 y el 21 de mayo de 2007, según las denuncias recibidas por la Procuraduría de políticos y personajes.

En los cargos "se señala a los seis miembros de la Policía de incurrir en supuesta extralimitación de sus funciones, al realizar interceptaciones ilegales de sus comunicaciones omitiendo el control y la seguridad de los resultados de las labores de inteligencia".

Con ello, se permitió "la fuga de información, destruyendo y borrando datos sometidos a reserva, abusando de su autoridad y violando el derecho a la intimidad", añadió.

Las interceptaciones, "al parecer, fueron efectuadas de manera indebida por los miembros de la Dipol cumpliendo órdenes para obtener información de las actividades desarrolladas por ex integrantes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), involucrados en procesos de desmovilización".

"Los miembros de la Dipol investigados desconocieron los derechos fundamentales de quienes participaban en las negociaciones de paz y de los visitantes que ingresaban a las zonas de ubicación previstas con la debida autorización de las instancias gubernamentales encargadas del proceso", añadió la Procuraduría.

En el pliego de cargos, la Procuraduría consideró que el general Chávez, "en su condición de director general de la Dipol, tenía la obligación de dirigir, planear, recolectar, evaluar y difundir la información de orden público haciendo cumplir la Constitución, la Ley y los reglamentos internos de la institución".