Lima.- El ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) rechazó hoy, en tono exaltado, las acusaciones de haber violado los derechos humanos durante su Gobierno y afirmó que, al contrario, los recuperó "para 25 millones de peruanos".
Momento en el que el ex presidente peruano Alberto Fujimori responde a las acusasiones en el juicio oral que se le sigue por violaciones a los derechos humanos, relacionadas con dos matanzas en las que murieron 25 personas. EFE/Prensa Poder Judicial
Fujimori, que había escuchado impasible la acusación que le hizo hoy la fiscalía, se exaltó al emitir un pronunciamiento cuando fue requerido por el presidente del tribunal supremo que lo procesa, César San Martín, para que señalara si aceptaba los términos del inicio del juicio.
El ex gobernante dijo que recibió en 1990 a su país "en colapso", con una grave inflación, en aislamiento financiero internacional y acosado por el accionar violento de la banda armada Sendero Luminoso.
También existían grupos paramilitares como el llamado "Comando Rodrigo Franco", que -según medios peruanos- tuvo vínculos con el primer Gobierno del presidente Alan García (1985-1990), apuntó.
Fujimori añadió que "frente a la situación, con el país desangrándose" durante su gobierno, "hubo reformas dentro del contexto del respeto a los derechos humanos".
"A raíz de mi Gobierno se rescatan los derechos humanos de 25 millones de peruanos, si se cometieron algunos hechos execrables los rechazo totalmente, pero también rechazo los cargos y no acepto la acusación fiscal", aseveró un exaltado Fujimori.
El fuerte alegato fue interrumpido por San Martín, quien se vio obligado a recordarle que tenía "que respetar la directiva del tribunal".
"Aquí mando yo", le dijo enfático San Martín, para luego remarcar que a lo largo del proceso tendrá "la oportunidad de responder todas las preguntas" que se le hagan.
Fujimori aseguró, con la voz quebrada, que "su defensa será a base de pruebas y no indicios", tras lo cual se escucharon los aplausos de un grupo de seguidores que asistió al proceso, lo que llevó al titular del tribunal a recordar que "está prohibido cualquier tipo de manifestación a favor o en contra".
El ex mandatario es enjuiciado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un cuartel policial de Lima por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron 25 personas, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
La fiscalía lo acusa de ser "autor mediato" (haber planificado, organizado y dirigido las acciones) de esos delitos, cometidos por el grupo militar encubierto "Colina", y pide que sea condenado a 30 años de cárcel y al pago de 100 millones de dólares en reparación civil.
Al inicio del proceso, los miembros del tribunal emitieron un pronunciamiento en el que aseguraron que serán "firmes" en sus decisiones y reconocieron que son "conscientes de la expectativa social" que ha generado el juicio.
Además, destacó su "independencia e imparcialidad judicial" y el "pleno respeto a los principios del derecho penal".
El Ministerio Público pidió, posteriormente, que se establezcan "algunos márgenes complementarios a la reparación civil", que incluyan "medidas de rehabilitación, atención médica, psicológica y social para las víctimas".
También medidas de satisfacción, para la "dignificación de las víctimas" y "de no repetición", mediante la exhortación "a los poderes Ejecutivo y Legislativo a adecuar la legislación vigente a los estándares del derecho internacional".
Entre los asistentes al proceso, en una sala adjunta al tribunal, estuvieron tres de los hijos de Fujimori (Keiko, Sachi y Kenji), así como la plana mayor del "fujimorismo".
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