Washington.- La multinacional bananera Chiquita Brands presentó ante una corte de Washington una moción en la que pide al juez que desestime la demanda colectiva civil interpuesta por 140 familiares de víctimas de los paramilitares colombianos miembros de las AUC.
La bananera siempre ha argumentado que se vio extorsionado por las AUC y se vio obligada a pagar el dinero para proteger a sus empleados de su filial en Colombia.
La moción, a la que ha tenido acceso Efe hoy, es la respuesta de Chiquita a una demanda interpuesta el 7 de junio por familiares de 173 ciudadanos colombianos asesinados por los escuadrones paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por considerar que la bananera financió durante años a un grupo terrorista.
La acusación se basa en una ley de 1789, conocida como Alien Tort Claims Act, cuyo propósito original era combatir a los piratas en alta mar, pero que ahora permite a ciudadanos extranjeros demandar a compañías trasnacionales ante tribunales estadounidenses por violar el derecho internacional o un tratado de EE.UU.
Este argumento fue utilizado recientemente en el juicio contra la multinacional minera Drummond, absuelta en julio de su supuesta implicación en el asesinato de tres líderes sindicalistas por parte de paramilitares colombianos.
La demanda alega que la multinacional ha hecho pagos millonarios a las AUC y ha financiado así la compra de armas con las que los escuadrones paramilitares mataron después a civiles inocentes.
En marzo, Chiquita se declaró culpable de haber hecho más de cien pagos a ese grupo paramilitar entre 1997 y 2004 por un importe de 1,7 millones de dólares y accedió a pagar una multa de 25 millones de dólares, lo que fue autorizado en septiembre por un juez.
La bananera siempre ha argumentado que se vio extorsionado por las AUC y se vio obligada a pagar el dinero para proteger a sus empleados de su filial en Colombia.
En la moción remitida a la Corte de Distrito de Washington, a la que ha tenido acceso Efe, los abogados de Chiquita argumentan que la demanda es "deficiente" para sustentarse en la ley y que la corte no tiene jurisdicción en la forma en que ésta se ha presentado.
También alega que los demandantes pretenden convertir a Chiquita en un "accesorio" de los asesinatos solamente porque proporcionó "una pequeña parte de los fondos inmensos que las AUC obtuvieron a través de la extorsión, el tráfico de drogas, el secuestro y otras actividades malvadas".
Los abogados de Chiquita, encabezados por el Eric H. Holder, señalan, asimismo, que la multinacional estadounidense con sede en Cincinnati (Ohio) no participó, facilitó o supo de ningún asesinato contenido en la demanda, ni su filial colombiana Banadex.
Afirman además que no puede haber ninguna violación de un derecho internacional pues las AUC no fueron "actores estatales", que tradicionalmente son los que pueden ser responsables bajo el Alien Tort Claims Act.
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