MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy un acuerdo por el que insta al Ministerio del Interior a que evalúe los daños y tramite con la mayor urgencia posible las ayudas para paliar la situación de las personas afectadas por el hundimiento, el pasado 8 de diciembre, del edificio situado en el número 14 de la Cuesta del Hospital de Santander.
El Consejo de Ministros aprobó hoy un acuerdo por el que insta al Ministerio del Interior a que evalúe los daños y tramite con la mayor urgencia posible las ayudas para paliar la situación de las personas afectadas por el hundimiento, el pasado 8 de diciembre, del edificio situado en el número 14 de la Cuesta del Hospital de Santander.
Las ayudas previstas son, por cada persona fallecida, 18.000 euros; por destrucción total de la vivienda habitual, hasta 15.120 euros; por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta 10.320 euros; por daños que no afecten a la estructura de la vivienda, hasta 5.160 euros; por destrucción o daños en los enseres domésticos, hasta 2.580 euros y por daños en elementos comunes de una comunidad de propietarios: 8.000 euros.
Para ello, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en colaboración con los representantes de la Administración Periférica del Estado, la Administración Autonómica y el Consorcio de Compensación de Seguros, activará los mecanismos para efectuar las valoraciones de los daños y proceder, con la máxima urgencia posible, al pago de las ayudas reguladas en el Real Decreto de 18 de marzo de 2005.
El derrumbe provocó el fallecimiento de tres personas y quedaron totalmente destruidas las viviendas que formaban parte del edificio, lo que obligó al realojo de los residentes.
El Ejecutivo explica que, estos hechos "han generado gran alarma social en el municipio y han originado, asimismo, un importante despliegue de medios y de personal experto en atención a emergencias, tales como protección civil, bomberos y efectivos de rescate con perros adiestrados en la búsqueda de personas, así como equipos técnicos para el desescombro, retirada de materiales y alojamiento de damnificados".
Según el Gobierno, el coste de estas actuaciones de urgencia, encaminadas a la protección inmediata de la vida de los ciudadanos, así como al pronto restablecimiento de los servicios municipales esenciales, conlleva la obligación de la Administración del Estado, desde el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, de complementar las actuaciones que, en uso de sus competencias, tienen encomendadas las distintas Administraciones territoriales.
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