Sevilla.- El abogado del ex concejal José Antonio García (PSOE), imputado por las presuntas facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla, ha alegado hoy la doctrina del Tribunal Supremo (TS) en el "caso Botín" para pedir el sobreseimiento de la causa contra su cliente.
El letrado José Manuel Sánchez del Águila ha apelado a la doctrina de la Sala Segunda del TS, que en una sentencia del pasado 3 de diciembre dictaminó que no era posible seguir acciones penales contra Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, por un caso de cesiones de créditos, "cuando lo solicita exclusivamente la acción popular, como es este caso".
Ni la Fiscalía de Sevilla ni el Ayuntamiento han acusado a García por las presuntas facturas falsas del Distrito Macarena, pero el PA, que ejerce la acción popular, ha pedido para él doce años de cárcel.
La alegación del letrado se ha producido en la audiencia previa celebrada hoy en el Juzgado de Instrucción 15, último paso antes de remitir el caso para su enjuiciamiento ante un jurado popular.
Sánchez del Águila, en un escrito entregado a la juez y al que ha tenido acceso Efe, dice que solicita el archivo "ante la implícita petición de sobreseimiento del Ministerio Fiscal y del Ayuntamiento de Sevilla", y a la vista de que el PA "no ha sido perjudicado ni ofendido por el presunto delito del que acusa a mi asistido".
La doctrina del Supremo, según Sánchez del Águila, "es una tesis novedosa y sumamente razonable, pues por reducción al absurdo, nos encontraríamos ante la sinrazón de que cualquier particular, cualquier asociación de cualquier lugar de España y de cualquier índole podría, por sí sola, llevar a juicio a cualquier español".
El abogado del PA, Juan José Sánchez, ha dicho a Efe que la sentencia citada "no sienta jurisprudencia porque solo es un acuerdo de Sala", ha argumentado que es "extemporáneo" alegarla en este momento procesal y ha asegurado que, en caso de ser secundada por la jueza, recurrirá a la Audiencia.
En el caso de las presuntas facturas falsas del Distrito Macarena, la Fiscalía de Sevilla ha exculpado a García porque "se limitaba a firmar" los cheques que le pasaban, pero ha pedido para José Marín, ex secretario del Distrito, tres años y medio de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos y 8 años de inhabilitación.
Para el empresario José Pardo, el fiscal solicita 2 años y 6 meses por malversación y 21 meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y para Manuel Portela, colaborador del Distrito que debía certificar los trabajos realizados, pide un año y medio por malversación.
El pleno jurisdiccional de la Sala Segunda del TS confirmó el pasado 3 de diciembre el sobreseimiento del caso de las cesiones de crédito -en el que estaban acusados Botín, otros tres ejecutivos del banco y 21 clientes- decidido por la Audiencia Nacional.
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