Praga.- El Estado checo y las diecisiete Iglesias acreditadas en el país centroeuropeo han acordado una indemnización monetaria de 3.111 millones de euros por el patrimonio confiscado durante el régimen comunista (1948-1989), que no será devuelto.
La catedral de San Vito, en Praga, República Checa. El Estado checo y las diecisiete Iglesias acreditadas en el país centroeuropeo han acordado una indemnización monetaria de 3.111 millones de euros por el patrimonio confiscado durante el régimen comunista (1948-1989), que no será devuelto.
"El principio básico de la propuesta de ley será una combinación de restitución en especie para las órdenes religiosas y compensación financiera para las diócesis, según la propuesta de la conferencia episcopal", informó hoy en Praga el cardenal checo Miloslav Vlk.
La Iglesia Católica, que por el monto de patrimonio confiscado entonces debería ser acreedora del 98 por ciento de la indemnización, ha reducido unilateralmente y de manera sustancial su participación en la misma, matizó el prelado.
El importe acordado será pagadero durante 60 años, con un interés algo inferior al 5 por ciento, pero no está incluido el valor de los activos que fueron incautados a las órdenes religiosas que, tras permanecer en manos del Estado, serán ahora devuelto.
Mientras tanto, y durante un período de 20 años desde la entrada en vigor del acuerdo, el Estado seguirá haciéndose cargo de las nóminas de los clérigos, como sucedía por una ley civil promulgada por los comunistas en 1949, y que permitía a la autoridad civil decidir sobre quién podía ejercer el sacerdocio.
Pero durante esos veinte años, la partida presupuestaria concedida a las Iglesias se reducirá anualmente en un 5 por ciento, lo que introduce un elemento de racionalización en un sistema de financiación anacrónico, según expertos consultados por EFE.
Esto permitirá que la independencia de las comunidades religiosas, recogida en la Carta de Derechos Básicos y Libertades que forma parte de la Constitución checa, sea no sólo institucional sino también material.
El acuerdo, consensuado por dos comisiones, una gubernamental y otra eclesial-ecuménica, deberá ser todavía sometido a la aprobación del Parlamento.
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