Confirman el cese del jefe naval que custodiaba a un fallecido represor de la dictadura argentina

Buenos Aires.-  El Boletín Oficial del Estado argentino confirmó hoy el cese de Carlos Fernández al frente de la Prefectura Naval, la fuerza que custodiaba a un represor de la dictadura militar que murió por envenenamiento días antes del veredicto del juicio que se le seguía por delitos de represión.

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(EFE)

Una carpeta en la que se lee el nombre del fallecido Héctor Antonio Febres, acusado del asesinato, con el agravante de torturas y crueldad, de los italianos Angela Aietta y de Giovanni Pegorato y su hija Susana.

El jefe de los guardacostas fue cesado "por los hechos que son de conocimiento público", indicó sin más la resolución.

Fuentes oficiales habían informado el lunes que la presidenta argentina, Cristina Fernández, ordenó el cese del oficial naval en vista de los privilegios con los que al parecer contaba el fallecido ex prefecto Héctor Febres en una dependencia de los guardacostas a las afueras de Buenos Aires.

Febres fue encontrado muerto el 10 de diciembre pasado, cuando Fernández asumió la jefatura del Estado y a falta de cuatro días para que se difundiera el veredicto del juicio oral que se le seguía por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la mayor cárcel ilegal de la dictadura (1976-1983).

La autopsia determinó que había muerto por un infarto provocado por una alta dosis de cianuro, lo que desembocó en la apertura de una investigación judicial para determinar si cometió suicidio o fue asesinado.

La prensa había informado que Febres estaba detenido en un recinto de tres ambientes, contaba con un teléfono móvil y una televisión, además de que su esposa se trasladaba a visitarlo en un automóvil conducido por un agente de los guardacostas.

El ex prefecto, de 65 años, estaba siendo juzgado por cuatro casos de privación ilegal de libertad y aplicación de tormentos a detenidos en la ESMA y tenía pendientes otros procesos por crímenes en ese centro ilegal de detención.

Por el fallecimiento de Febres han sido detenidos la esposa y los dos hijos del fallecido, así como dos miembros de la Prefectura Naval encargados de la custodia del acusado.

Al declarar ante la jueza a cargo del caso, los familiares de Febres negaron los cargos que se les imputan como presuntos partícipes de la muerte del ex prefecto y dijeron que ellos no cenaron con el imputado la noche previa a su muerte.

Ricardo Casio, el abogado de la esposa de Febres, ha admitido los privilegios que tenía en prisión el ex prefecto y subrayó que había escrito unas cartas en las que afirmaba estar dispuesto a afrontar el castigo que le impusiera la justicia.

El jefe del gabinete argentino, Alberto Fernández, ha dicho que el Gobierno sigue "con atención" la investigación y considerado que "hay que saber claramente cuáles son los controles que fallaron y que permitieron que esto ocurra, porque esta persona estaba detenida con todas las custodias que tienen los detenidos".