Guatemala.- Dirigentes humanitarios reiteraron hoy su exigencia de que se reconozca la justicia universal y se juzgue por delitos de lesa humanidad a cinco militares y dos civiles guatemaltecos, acusados de genocidio ante la Audiencia Nacional de España (ANE).
Familiares de las 37 víctimas masacradas en el asalto e incendio de la embajada de España en Guatemala, protestan el 31 de enero de 2007 en la plaza de España de la capital guatemelteca.
En ese sentido, criticaron el fallo del Tribunal Constitucional de Guatemala, que resolvió el lunes que la ANE no tiene jurisdicción para juzgar a guatemaltecos debido a la capacidad que tiene Guatemala como Estado de derecho para hacer justicia en su propio territorio.
Los militares y civiles iban a ser juzgados por su presunta participación en el incendio de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas, entre ellos diplomáticos y ciudadanos guatemaltecos que se refugiaron en el recinto diplomático.
El Tribunal Constitucional de Guatemala dejó así sin efecto las órdenes de captura con fines de extradición de los militares y civiles, al amparar a tres de los acusados de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
El fallo fue un revés para los querellantes y víctimas del conflicto armado (1960-1996), que habían acudido al alto tribunal español en busca de justicia.
El Tribunal Constitucional guatemalteco consideró también que se viola la soberanía del país al permitir que otro Estado juzgue hechos cometidos en Guatemala.
El fallo del alto tribunal guatemalteco es inapelable.
Con ese fallo, se libraron de la persecución judicial los generales retirados Ángel Anibal Guevara, Efraín Ríos Montt, Oscar Mejía Víctores y Beneficto Lucas, así como el coronel German Chupina y los civiles Donaldo Álvarez Ruiz y Pedro García Arredondo.
Desde noviembre de 2006 cuando un tribunal guatemalteco avaló las ordenes de captura con fines de extradición, los imputados presentaron una serie de acciones judiciales con las que obstaculizaron el proceso.
Sin embargo, Guevara y Chupina se entregaron a las autoridades ese mes y según sus abogados, tras el fallo del Tribunal Constitucional recobrarán su libertad.
La Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), reiteraron hoy su exigencia de un reconocimiento pleno a la justicia universal y la obligación de los Estados de juzgar crímenes de lesa humanidad.
"La Corte de Constitucionalidad olvida que ha existido una denegación de justicia y una flagrante falta de voluntad en la persecución penal de los delitos de genocidio", sostienen en un pronunciamiento las dos organizaciones.
"Si Guatemala es un Estado Constitucional y democrático de derecho, sus órganos jurisdiccionales deben dar muestras de independencia y valor para afrontar el derecho que el país tiene a la justicia", anotaron.
La premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, había presentado la querella ante la ANE en 1999 alegando la falta de justicia en su país.
Según la Fundación Rigoberta Menchú, la resolución del Tribunal Constitucional que deja sin efecto las ordenes de captura con fines de extradición, responde a "intereses particulares".
"Esto sólo nos demuestra que no hay justicia y que los casos de genocidio nunca se van a juzgar", dijo la Nobel de la Paz, que por ahora ha evitado anunciar qué otras medidas adoptará para intentar llevar ante la justicia a los militares y los dos civiles.
Por su parte, Hellen Mack, dirigente de la Fundación Myrna Mack, que lucha contra la impunidad en Guatemala, dijo que la resolución del Tribunal Constitucional otorga una amnistía a todos los responsables de genocidio.
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