La senadora Córdoba denuncia que un funcionario del Gobierno colombiano ordenó su asesinato

Washington.-  La senadora colombiana Piedad Córdoba denunció hoy en EE.UU. que un alto funcionario del Gobierno de Bogotá, que no identificó, ha dado órdenes de asesinarla, y que fue sometida a una "requisa humillante" en el aeropuerto Eldorado.

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(EFE)

Córdoba, junto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realizaba gestiones para buscar un acuerdo humanitario con las FARC que permitiera la liberación de secuestrados, la cual fue cesada el pasado 21 de noviembre.

Pese a que el Gobierno colombiano le exige una denuncia formal, Córdoba dijo: "No voy a dar ningún nombre. Simplemente las personas cercanas a mí van a tener el nombre, por si a mí me ocurre algo".

La senadora hizo esas declaraciones en el segundo día de su visita a Washington, en la que busca apoyo político al "mandato" y las gestiones que realiza -dijo- en nombre de los familiares de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Señaló que el plan para asesinarla se realizaría en Venezuela y que, a su juicio, forma parte de un esfuerzo para evitar que siga viajando a ese país, si no hay garantías de seguridad.

La legisladora del Partido Liberal admitió que el Gobierno de Bogotá "no ve con buenos ojos" que ella busque un espacio en las negociaciones, pero que, pese a las nuevas amenazas, está "comprometida con el proceso".

"No soy peligrosa, soy opositora, contradictora y defensora integral de los derechos humanos", afirmó Córdoba, luciendo un vistoso turbán y un vestido largo, ambos de color fucsia.

Como prueba de la campaña de intimidación, Córdoba señaló que la semana pasada a uno de sus asesores le robaron de su apartamento una computadora, varios documentos, su pasaporte y otros elementos de trabajo.

Pero lo que dijo le causó aún más ira fue que la noche del domingo fue sometida a una "requisa humillante" en el aeropuerto Eldorado en Bogotá, cuando se disponía a abordar el avión rumbo a Nueva York.

Relató que fue sacada de entre los pasajeros y su maleta "requisada por todos los lados" por siete agentes policiales a los que no logró distinguirles una insignia.

"Creo que no es el trato que se le debe dar a una persona, que entre otras cosas no se ha caracterizado en su país por ser corrupta, delincuente o estar inmiscuida en escándalos de esa naturaleza", se quejó.

Córdoba ya había adelantado algo de la nueva amenaza de muerte al salir de una audiencia en un tribunal federal de Washington, en la que se ratificó que la condena contra Ricardo Palmera, alias "Simón Trinidad", será dictada el próximo 28 de enero.

La legisladora estuvo secuestrada durante varios días en mayo de 1999 por paramilitares y el año pasado uno de sus asesores, el activista de izquierda Jaime Gómez, desapareció mientras trotaba por un parque en Bogotá y apareció muerto semanas después.

La senadora defendió una y otra vez la labor que ella y el presidente venezolano, Hugo Chávez, venían realizando para lograr un acuerdo humanitario entre el Gobierno colombiano y las FARC.

El acuerdo, de concretarse, permitiría la liberación de 45 rehenes en poder de esa organización insurgente -de más de 700 que tiene en cautiverio- a cambio de unos 500 guerrilleros presos.

Pero el pasado 21 de noviembre, el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, retiró a ambos como mediadores, lo que suscitó críticas dentro y fuera de Colombia.

En los corredores del Congreso de EE.UU. los legisladores demócratas Gregory Meeks, Bill Delahunt y James McGovern -con los que Córdoba se ha reunido en sus visitas- reiteraron el martes su espaldarazo a la senadora, por considerar que sigue teniendo un papel constructivo en esta gestión.

La salida de Chávez y Córdoba como mediadores provocó una crisis diplomática entre Caracas y Bogotá, después de que el gobernante venezolano decidió congelar las relaciones bilaterales.

"Estamos viendo una danza política en la que todos están buscando posiciones favorables. Las FARC quieren poner a Uribe en la defensiva y un acuerdo humanitario les daría legitimidad", dijo a Efe Michael Shifter, analista del Diálogo Interamericano.

"Córdoba está recibiendo apoyo de los familiares y de algunos congresistas estadounidenses, y si salen libres los rehenes, eso aumentaría su prestigio político. Uribe quiere ser el que tiene la sartén por el mango", explicó el experto.

La senadora estuvo acompañada por Jo Rosano, madre de Marc Gonzalves, uno de los tres contratistas estadounidenses en poder de las FARC desde febrero de 2003 y que forman parte del grupo de "canjeables" junto a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.