Ávila.- Ávila, 20 dic (EFE).-La Comisión de las Comunidades Europeas ha presentado un recurso contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por la adjudicación en 1999 de la concesión a la empresa Abertis (entonces Iberpistas) de la construcción, conservación y explotación de las conexiones de la autopista AP-6 (Villalba-Adanero) con Segovia y Ávila.
El director general de Iberpistas, José Antonio López Casas (d) conversa con el director de relaciones institucionales de Iberpistas, Juan Zamorano momentos antes de presentar ayer en Segovia un balance anual de la actividad que desarrolla esta compañía del Grupo Abertis, concesionaria de las autopistas AP-6, AP-61 y AP-62. 15,00.
Según publicó el pasado 8 de diciembre el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión también recurrió el 13 de septiembre contra España por la "prórroga ilegal de la concesión de la AP-6", han informado hoy en nota de prensa Comisiones Obreras y la Asociación Ecologista Centaurea.
Precisamente, la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) es fruto de la denuncia formulada por ambas organizaciones en 2000.
El secretario de Medio Ambiente de la Unión Sindical de CC.OO., Carlos Tomás Rodríguez, ha realizado una valoración "positiva" de esta decisión, "a pesar del tiempo transcurrido desde la interposición de la denuncia y de los daños ambientales y socioeconómicos ocasionados entretanto por Abertis/Iberpistas".
En su opinión, al llevar a juicio a España, la Comisión Europea "se ha reafirmado en el chanchullo que supone la concesión a Abertis realizada por el entonces Gobierno Aznar".
"Para evitar posibles sanciones y los perjuicios a la ciudadanía, el Gobierno socialista debe ahora aceptar la posición de la Comisión allanándose a su demanda, para lo que es imperativo revocar la concesión otorgada fraudulentamente a Abertis", ha explicado el portavoz de Centaurea, Carlos Bravo.
Esto supone, según ha añadido, "volver al punto cero de la adjudicación" y "aprovechar para reconvertir estas autopistas en autovías, donde la gratuidad está garantizada ".
Bravo ha recordado cómo la denuncia interpuesta por ambos colectivos provocó que la Dirección General de Mercado Interior de la CCE enviara al Gobierno español, el 18 de julio de 2002, un dictamen motivado sobre este asunto, tras "constatar la violación del Derecho Comunitario en la adjudicación a Abertis/Iberpistas".
El portavoz de Centaurea ha lamentado que el Ejecutivo de José María Aznar "no respetara" en aquel momento el dictamen motivado y la CCE haya llevado a España ante el Tribunal Europeo de Justicia.
La CCE solicita que se declare que el Reino de España "ha incumplido las obligaciones" que le corresponden sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, así como los principios del Tratado CE, sobre todo el principio de igualdad de trato y de no discriminación.
En virtud del Real Decreto 1724/1999, de 5 de noviembre, el Ministerio de Fomento adjudicó una concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos de autopista de peaje A-6, conexión con Segovia, y A-6, conexión con Ávila.
Asimismo, adjudicó una concesión administrativa para la "conservación y explotación a partir de 2018 de la autopista de peaje A-6, en su tramo Villalba-Adanero".
Con este motivo se adjudicaron "muchas otras obras que no habían sido anunciadas, por un valor superior al total de las obras publicadas y que se encuentran parcialmente fuera de la zona objeto de concesión", tal y como figura en el Diario Oficial de la UE.
Entre los trabajos no previstos figuran la construcción de un nuevo carril entre San Rafael y Guadarrama, que incluye un nuevo tercer túnel bajo la Sierra, un gran área de peaje en San Rafael, un cuarto carril entre Las Rozas y Villalba, y un tercer carril entre Villalba y Guadarrama.
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