Madrid.- El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy, con los votos en contra del PSOE, promover la constitución de un Consorcio público, compuesto por las tres administraciones, la Delegación del Gobierno y las Asociaciones de Vecinos, para solucionar los problemas de la Cañada Real.
Vista general del solar de una de las viviendas derribadas de la Cañada Real Galiana de Madrid.
El portavoz de IU, Ángel Pérez, de quien ha partido la proposición, ha señalado en el Pleno que la actual situación de la Cañada Real demuestra "el fracaso estrepitoso" de todas las administraciones cuando han intentarlo abordar soluciones de forma independiente, por lo que "ha llegado el momento" de elaborar "una hoja de ruta común para buscar salidas acordadas".
Pérez ha incidido en que el objetivo del acuerdo alcanzado hoy es que el Ayuntamiento de Madrid reúna al resto de administraciones para "resolver este problema, que dice muy poco de la capacidad de las instituciones para resolver".
"Poner solución a la Cañada Real no es cuestión de agentes forestales ni de la intervención de los agentes de la autoridad, como se ha hecho hasta ahora, sino de prestar atención social a las diferentes realidades, analizando caso por caso", ha sostenido Pérez.
El portavoz de IU ha propuesto, entre otras medidas, que el futuro Consorcio establezca un plan realojo en un plazo estimado de diez años y bajo la tutela de un órgano administrativo, que se den garantías a los actuales ocupantes de un traslado ordenado, mediante un tratamiento individualizado de sus derechos, y que cuando estas cuestiones estén resueltas se devuelva la Cañada a su uso natural
Aunque IU ha aceptado una enmienda del PP que pedía incluir a la Delegación del Gobierno en el Consorcio, su portavoz ha subrayado que para dar soluciones a la Cañada "hace falta voluntad política no legalidad".
La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, ha reconocido que resolver los problemas de "exclusión social, delincuencia e insalubridad" de este foco marginal al Suroeste de la capital "es imprescindible" y requiere "la colaboración" de los cinco ayuntamientos afectados, así como del resto de administraciones.
Sin embargo, el concejal socialista, Pedro Sánchez, ha defendido la negativa de su grupo a aprobar la proposición argumentando que es la Comunidad de Madrid la administración que debe "liderar" la resolución de la situación de la Cañada.
Sánchez ha subrayado que este poblado ilegal, en el que se estima que viven entre 30.000 y 50.000 personas, supone "el mayor fracaso político del PP en este Ayuntamiento", a pesar de lo cual "el Gobierno municipal no ha aportado ni un sólo euro para solventar sus problemas".
En esta línea, la delegada de Urbanismo ha recordado que los alcaldes de Rivas y de Madrid solicitaron el pasado mes de septiembre a la Comunidad de Madrid la creación de una comisión permanente para coordinar una intervención integral en la Cañada, a la que no han obtenido respuesta.
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