Valencia.- La Generalitat y el sector vitivinícola valenciano consensuarán una postura común para defender sus intereses en el reparto del sobre nacional, que comenzará a negociarse el próximo mes, tras la aprobación de la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino el pasado día 19.
El secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPA, Josep Puxeu, junto con la Consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, durante la presentación del acuerdo de la negociación de la reforma de la OCM del vino aprobada en el Consejo de Ministros de la Unión Europea en Bruselas.
El secretario autonómico de Agricultura, Pesca y Alimentación, Vicente Riera, y la directora general de Comercialización, Marta Valsangiacomo, se han reunido hoy con representantes de las organizaciones agrarias, las cooperativas, los consejos reguladores de las denominaciones de origen y los empresarios de la Comunitat.
Durante el encuentro todas las asociaciones, a excepción de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), han mostrado su desacuerdo con la reforma que entrará en vigor el 1 de agosto de 2009 y que consideran "nefasta" para el sector del vino de la Comunitat Valenciana, según Riera.
El secretario autonómico ha indicado que la Generalitat quiere contar "con el consenso de todo el sector" para participar en la negociación de los 430 millones de euros del sobre nacional, que el Gobierno prevé repartir según las medidas contempladas en esa reforma y no por comunidades autónomas.
En esa negociación también se determinarán tanto la aplicación de las ayudas al desarrollo rural como las ayudas para la elaboración de zumo, que no se incluyen en la reforma de la OCM y que se podrían mantener en la Comunitat Valenciana, que es la tercera región productora de vinos por detrás de Castilla-La Mancha y Extremadura.
Por su parte, el secretario general de La Unió, Joan Brusca, ha asegurado que "todavía queda un margen de maniobra para mejorar" algunos de los puntos de la reforma de la OCM durante la negociación para repartir el presupuesto que la UE destina a España, donde "hay muchas zonas productoras que no comparten los mismos intereses".
Brusca ha denunciado que esta reforma reduce un 20% el presupuesto el sobre nacional y mantiene tanto la derivación de las ayudas a los viticultores hacia el desarrollo rural como la chaptalización, una técnica usada en los países centroeuropeos que consiste en añadir azúcar al vino para subir los grados de alcohol.
Además, la Unió pide al Gobierno que contemple ayudas para los agricultores mayores de 55 años, no sólo a partir de los 65 como señala la UE, y critica que la simplificación de las etiquetas permita que todas las botellas indiquen tanto la variedad como el año de cosecha, ya que consideran que eso constituía una marca de calidad.
Por su parte, Rafael Cervera, secretario general de UPA, la única organización agraria que considera que la propuesta final supone una "mejora" respecto a la inicial, ha valorado la "flexibilidad" que la UE permite a la hora del reparto del sobre nacional, al que además el Gobierno puede añadir fondos nacionales.
Asimismo, Cervera ha señalado que la reforma contempla que el derecho a la plantación no se modifique hasta 2015 y fija el índice de azúcar que se puede añadir a un vino chaptalizado, que además debe indicarlo en su etiqueta.
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