La Paz.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue acusado ante la Fiscalía de "genocidio" y otros delitos por los familiares de los tres muertos en los disturbios de noviembre pasado en la ciudad de Sucre en contra de la Asamblea Constituyente.
El pasado 26 de noviembre de 2007, en Sucre, capital oficial de Bolivia, fueron enterrados dos de los fallecidos en los disturbios originados por la aprobación en primera instancia la nueva Carta Magna.
La demanda de juicio de responsabilidades fue presentada ante la Fiscalía General el lunes, informó hoy a Efe el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Hernando Aguilera, que representará a las familias de las víctimas en esos sucesos.
Aguilera señaló que el mandatario está sindicado por el delito de "genocidio" dado que la legislación penal boliviana permite una acusación de ese tipo cuando hay una "masacre sangrienta", que es lo que a su juicio ocurrió en Sucre a fines de noviembre.
También se acusa a Morales de violación de los derechos y garantías constitucionales y de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes.
Las tres personas murieron durante los graves disturbios producidos en Sucre en protesta porque la Constituyente realizó su sesión en un recinto militar y aprobó en primera instancia el nuevo texto constitucional con el que Morales aspira a "refundar" su país.
Las protestas se produjeron a raíz de la decisión del foro de no considerar la petición de Sucre, donde reside el poder Judicial, de ser otra vez la sede de todos los poderes estatales del país en detrimento de La Paz, donde están el Ejecutivo y Legislativo.
Según el abogado Aguilera, la demanda alcanza también al ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, por presunta violación de los derechos y garantías, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, abandono de cargo y favorecimiento de la evasión.
De los mismos delitos son acusados el comandante de la Policía, general Miguel Vázquez, y otros dos jefes de la institución.
Aguilera dijo que el Gobierno tiene ahora "su oportunidad de decir la verdad" para dar con los autores materiales de las muertes de Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo.
Por procedimiento, la Fiscalía General tiene ahora un plazo de quince días para pronunciarse sobre la demanda presentada por los familiares de las víctimas.
Morales y su Gobierno han insistido estos días en que las balas que mataron a dos de los jóvenes no fueron disparadas por las fuerzas de seguridad y sospechan de grupos radicales de la derecha.
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