Los consejos ciudadanos, a cargo de la primera dama, son los brazos legales de presidente

Managua.-  Los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), estructuras de barrio dirigidas por la poderosa primera dama nicaragüense, Rosario Murillo, son a partir de hoy los brazos legales del presidente.

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(EFE)

Vista general de la Asamblea Nacional en Managua (Nicaragua), donde el presidente de ese país, Daniel Ortega, rinde hoy el informe anual de su gestión en una sesión solemne.

Los CPC, que han causado una crisis político institucional entre el Ejecutivo y el Parlamento, donde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no tiene mayoría, recibieron el aval de la Corte Suprema de Justicia (CJS), en reunión de Corte Plena integrada por sus 16 magistrados.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien dio la noticia de esa resolución mientras presentaba un informe sobre su primer año de Gobierno ante el pleno del Parlamento, dio por zanjada la crisis entre Poderes.

La oposición, sin embargo, no estaba presente en el foro para escuchar del presidente el mensaje de reconciliación.

Los Consejos fueron creados en enero de 2007 por Ortega, después de que la Asamblea Nacional aprobara, el 24 de ese mismo mes, una reforma que permite al ejecutivo crear, mediante decretos, Consejos y Secretarías "para respaldar acciones gubernamentales".

Sin embargo, en septiembre de ese año, los parlamentarios opositores aprobaron una ley que declaró nulos los CPC, por injerir en tareas municipales y gubernamentales.

Ortega vetó esa ley en octubre de 2007, pero un mes después, en noviembre, la Asamblea Nacional rechazó el veto y la creación de los consejos ciudadanos como "brazos" del Ejecutivo.

Los sandinistas introdujeron entonces un recurso en la corte de apelaciones de Managua, que lo acogió y ordenó no publicar la norma en contra de los CPC aprobada por el Parlamento, para no darle validez formal, hasta resolver el asunto.

La última palabra sobre los CPC recayó en la Corte Plena de la CSJ que hoy resolvió avalar la facultad de Ortega para crear estos consejos, siempre que no sustituyan a las instituciones estatales ya existentes, que sus miembros no sean asalariados, ni dispongan de fondos estatales.

La oposición considera los CPC una reedición de los Comités de Defensa Sandinista (CDS), creados en los años 80 para que funcionaran como "oídos y ojos" de la revolución sandinista y se convirtieron en instrumentos de control y vigilancia ciudadana.

Los CPC son dirigidos por la cada vez más influyente primera dama nicaragüense, Rosario Murillo, a quien Ortega llamó hoy "la ministra de la Presidencia de hecho".

Murillo, poetisa, de 56 años, es quien ejerce el 50 por ciento del poder en Nicaragua, delegado por la voluntad del presidente, su marido.

Es, además, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, y del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), un órgano de consulta de políticas públicas de rango constitucional.

La primera dama es quien dirige la política de información, publicidad estatal y agenda oficial de todas las instituciones públicas.

Desde el 30 de noviembre pasado, coordina los CPC, con presencia en las comunidades, comarcas, barrios, distritos, municipios, provincias, regionales autónomas de todo el país, con los que se ejercerá, según el mandatario, la democracia directa en Nicaragua.

Hasta el momento, los CPC distribuyen la venta subvencionada de productos básicos como fríjoles, arroz y aceite y coordinan la venta de bombillas de ahorro donadas por la cooperación internacional.

También se han encargado de la entrega de ayuda a las víctimas del huracán "Félix" y otros desastres naturales.

Sin embargo, la oposición considera que el Gobierno ha delegado en los CPC esas funciones para conseguir la aceptación de la población y facilitar su labor de vigilancia.

Su función final, aseguran, será denunciar a quienes no comulguen con la ideología sandinista, como en los años de la revolución.

Los CPC también se encargan de movilizar a la población para acudir a actos gubernamentales, municipales, políticos, y convocan jornadas de trabajo "voluntario" en las instituciones del Estado.