Lisboa.- Los españoles que trabajan en Portugal a menos de 60 kilómetros de la frontera podrán conducir en este país coches con matrícula española sin riesgo de ser multados, según una medida del Gobierno luso, que espera acallar las críticas recientes.
Los españoles que trabajan en Portugal a menos de 60 kilómetros de la frontera podrán conducir en este país coches con matrícula española sin riesgo de ser multados, según una medida del Gobierno luso, que espera acallar las críticas recientes.
"Los trabajadores transfronterizos españoles pueden circular sin problemas en Portugal con los vehículos de matrícula española para trasladarse a su local de trabajo, siempre que éste se encuentre a menos de 60 kilómetros de la frontera portuguesa", señala el documento del Gobierno, recogido hoy por la prensa portuguesa.
El documento del Ministerio de Asuntos Exteriores luso aclara que el 80 por ciento de este tipo de casos quedó resuelto después de la entrada en vigor el 1 de enero pasado de esta nueva norma, recogida en el Presupuesto General del Estado.
El Ejecutivo luso reaccionó así a las denuncias realizadas ante la Comisión Europea y a una carta enviada al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por la Asociación de Profesionales de Salud Españoles en Portugal, en la que le instaba a defender sus derechos ante esta "aplicación de leyes obsoletas y antieuropeas".
El documento del Ministerio de Asuntos Exteriores luso admite que Bruselas manifestó su satisfacción por esta solución, que "resuelve la gran mayoría de los casos".
La autoridades lusas reconocen que "innumerables coches fueron aprehendidos y sancionados, y sus propietarios instados a que registrasen sus vehículos en Portugal. Pero, en caso de hacerlo, tendrían el mismo problema con las autoridades españolas, ya que son residentes en España".
La asociación de médicos y enfermeros denunció una "persecución" a los 14.000 españoles que trabajan en Portugal por no matricular sus vehículos en este país a un costo muy alto, ya que los impuestos de matriculación pueden llegar a ser un 60 por ciento más elevados que en el país vecino.
El cambio de matriculación previsto en la ley suponía además fijar la residencia en Portugal, lo que sería muy complicado para los afectados, que en muchos casos viven con su familia del lado español y cruzan la frontera prácticamente a diario para trabajar.
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