Albacete.- Representantes de la Federación Regional de Caza de Castilla-La Mancha, la Asociación de Propietarios Cinegéticos y Conservación del Medio Ambiente (Aproca) y de Asaja dijeron hoy que la Ley de Patrimonio Natural puede acabar con la caza en la región.
Representantes de la Federación Regional de Caza de Castilla-La Mancha, la Asociación de Propietarios Cinegéticos y Conservación del Medio Ambiente (Aproca) y de Asaja dijeron hoy que la Ley de Patrimonio Natural puede acabar con la caza en la región.
En una rueda de prensa para informar de la manifestación contra esa ley que hay convocada para el 1 de marzo en Madrid, el presidente de la Federación Regional de Caza de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, lamentó que para elaborar esa norma, aprobada el pasado 14 de diciembre, no se ha contado con los cazadores.
Asimismo, mostró el "malestar existente entre el colectivo de cazadores y agricultores por cómo se está llevando la caza dentro de todo el Estado".
Por su parte, Eduardo Esteso, en representación de Asaja Albacete, criticó que no se diera a los cazadores, propietarios privados, agricultores y ganaderos la posibilidad de colaborar en la elaboración de esta ley y afirmó que todos estos sectores son contrarios a su aplicación.
Luis Fernando Villanueva, en nombre de Aproca, lamentó que la legislación es cada vez más restrictiva y que los cazadores viven en una continua "inseguridad jurídica".
Los representantes de esta organizaciones manifestaron que la manifestación convocada para el 1 de marzo no va "contra ningún partido político", sino que con ella se quiere reivindicar "el sitio que merece" el sector cinegético.
Indicaron que el tema de la caza parece tabú para los distintos gobiernos, pues sólo se alude a él "en época de elecciones y superficialmente".
Estas organizaciones piden que se dé marcha atrás en la limitación de los derechos de la propiedad que prevé la Ley, que, "en cierto modo, se puede considerar una expropiación de hecho".
Según explicaron, la Ley limita la posibilidad del arrendamiento y la compra-venta de explotaciones entre particulares, transacciones que tendrán que notificarse al Gobierno regional por si quiere ejercer el derecho de tanteo o retracto.
También han mostrado su preocupación por que se prohíba el plomo en los humedales de la Península Ibérica y en los espacios incluidos en la Red Natura 2000, pues limitará la práctica de la actividad cinegética en una parte considerable del territorio.
Además, piden a los políticos que no sigan negando que la caza ha contribuido a la conservación de los espacios naturales y hacen un llamamiento a secundar la manifestación del 1 de marzo, que se desarrollará bajo el lema "Por el campo, la caza y la conservación".
Preguntados por cuántas personas pueden verse afectadas por la Ley en la región, respondieron que en Castilla-La Mancha hay unos 5.200 cotos y más de 150.000 licencias.
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