Bogotá.- Las pruebas de vida que recibieron los familiares de ocho secuestrados por las FARC son más una muestra de las infracciones de esa guerrilla al derecho internacional humanitario, dijeron hoy fuentes humanitarias de Bogotá.
Un familiar muestra la fotografía del ex congresista Jorge Eduardo Gechem Turbay, secuestrado por las FARC desde hace cinco años. Codhes observó que las cartas y fotografías enviadas por estos rehenes hacen evidente "las reiteradas y sistemáticas" infracciones de los rebeldes.
La organización no gubernamental (ONG) Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) observó que las cartas y fotografías enviadas por estos rehenes hacen evidente "las reiteradas y sistemáticas" infracciones de los rebeldes.
Las pruebas fueron entregadas en Bogotá por la ex congresista Consuelo González de Perdomo, a quien las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pusieron en libertad el pasado día 10 junto a la ex candidata a vicepresidente Clara Rojas.
Ambas conformaban el grupo de 46 secuestrados con fines de canje por medio millar de rebeldes, entre ellos dos extraditados a Estados Unidos, y estaban en cautividad desde septiembre de 2001 (González) y febrero de 2002 (Rojas).
González entregó las pruebas a sus destinatarios el lunes por la noche, poco después de que regresara al país desde Caracas, adonde ella y Rojas fueron trasladadas tras su puesta en libertad en las selvas del departamento colombiano del Guaviare (sureste).
Las cartas y fotografías muestran que los militares y policías cautivos permanecen encadenados al cuello, y que todos ellos pasan o han pasado por estados de salud críticos, a lo que se une la incertidumbre y la zozobra por ser mantenidos en zonas de conflicto.
"Las duras condiciones que enfrentan las personas secuestradas demuestran que este grupo armado, que reclama con insistencia estatus de beligerancia, no observa las normas básicas del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra", advirtió Codhes en una declaración divulgada por su sitio en internet.
Ese Protocolo, agregó, "lo obligan a acatarlas en la medida en que sus acciones se realizan en territorio de una 'Alta parte contratante' de las normas humanitarias, es decir, el Estado colombiano, así no lo reconozcan".
La ONG observó que estas normas también alcanzan a todos los rehenes, sean militares y policías, como políticos, lo mismo que a los secuestrados con fines económicos.
El caso de estos cautivos es "cuestión de humanidad, pero también de dignidad", subrayó Codhes, tras solidarizarse con las víctimas y sus familias, y condenar este delito de lesa humanidad y las formas de tratos crueles e inhumanos a los que las FARC someten a estas personas.
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