El diputado del Común pide reforma el sistema de protección social para paliar la pobreza

Santa Cruz de Tenerife.-  El diputado del Común, Manuel Alcaide, dijo que no debe descartarse una reforma del sistema de protección social en Canarias, con un replanteamiento de las políticas de empleo y de formación y su compatibilidad con las medidas para mitigar la exclusión y la pobreza social.

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(EFE)

El Diputado del Común, Manuel Alcaide, durante su comparecencia hoy en el pleno del Parlamento de Canarias celebrado hoy en Tenerife.

Alcaide hizo esta consideración en el pleno del Parlamento ante el que presentó el informe realizado por la institución sobre el plan integral contra la pobreza y la exclusión social y en concreto sobre la situación de las personas que viven en situación de extrema pobreza y de exclusión social.

Según Alcaide, este plan, cuya vigencia termina este año, es muy poco conocido por las entidades públicas canarias y subrayó que a pesar del esfuerzo que realizan éstas para atender los casos de pobreza extrema, hay ayuntamientos y algún cabildo que desconocen su existencia y su contenido.

Recordó que el plan se elaboró en 1998 para su desarrollo en dos periodos quinquenales pero indicó que más del 50 por ciento de las medidas siguen pendientes de desarrollar.

Alcaide dijo que el estudio constata que la exclusión social extrema en Canarias es entendida como un estado de pobreza puntual y se desconoce su perfil y características.

Agregó que de los informes emitidos por las entidades canarias, se desprende que se concibe a los sin techo como un grupo de personas inmersos en un proceso de trashumancia, a fin de beneficiarse de recursos, "olvidándose de la trascendencia de esa decisión personal".

El diputado del común añadió que las corporaciones locales tienen asumida la red de atención primaria y son los servicios sociales municipales quienes pueden tener un conocimiento claro y objetivo de la situación de las personas que viven sin techo en cada municipio.

Por ello abogó porque en la elaboración de cualquier estrategia de actuaciones para mejorar la situación de estas personas, se centre en las corporaciones locales.

Expresó su preocupación por la falta de un de un diseño institucional específico que favorezca una estrategia coordinada a todos los niveles así como la inexistencia de un mapa de servicios sociales.

Aunque valoró el Plan de Integración Social contra la Pobreza y la Exclusión social, entendió que es preciso reformarlo y confeccionar un nuevo plan para paliar las deficiencias detectadas en su aplicación al tiempo que aconseja que se aumente la financiación a las entidades locales.

Además recomienda al Gobierno que busque el consenso con las entidades de iniciativa social, que son las principales ejecutoras de las iniciativas para la exclusión social, en el diseño, extensión y cobertura de los recursos disponibles.

En el informe el Diputado del Común indica que las entidades locales intervienen casi exclusivamente desde los servicios sociales por lo que adolece de programas de intervención integral.

También subraya que el 46 por ciento de los ayuntamientos que han intervenido con población en situación de exclusión grave en Canarias, plantea tramitar ayudas de emergencia para cubrir necesidades básicas pero tan sólo 16 ayuntamientos han informado de que tras esta primera actuación se plantean continuar con un plan de trabajo.

Por ello, el Diputado del Común entiende que la prestación que ofrecen los ayuntamientos es sólo asistencial que no ha continuidad en los programas sociales y que existe una excesiva carga de trabajo asistencial de los técnicos de servicios sociales y atención primaria.

En referencia a los cabildos, indica que la cooperación económica es la más extendida entre las políticas insulares y ninguno de los cabildos gestiona recursos ni programas insulares especializados en materia de exclusión social.

El informe estima que los cabildos deben consolidarse como instituciones coordinadoras y de apoyo a las políticas municipales no como ejecutores de medidas simplemente asistenciales.

Miguel Cabrera, del grupo Popular, dijo que las personas en extrema pobreza son las que no tienen los medios suficientes para cubrir sus necesidades básicas y dijo que en Canarias hay 1.500 personas que se pueden considerar excluidos sociales o en pobreza extrema.

Agregó que aunque este porcentaje, que no llega al uno por mil, es mínimo, no debe conducir a la pasividad ya que es tan grave el problema de estas personas que hay que buscar la solución, en la que, a su juicio, hay que poner "grandes dosis de imaginación, de sentimientos y de humanidad".

Flora Marrero, de CC, indicó que se trata de un informe de 1998 y la situación ha cambiado ya que en la actualidad, cuando se habla de la pobreza los perfiles corresponde a mujeres, inmigrantes y cada vez más a jóvenes.

Marrero indicó que la situación ha mejorado con los años tanto en infraestructuras como en asistencia y estimó que leyes como la de Inserción Social permitirá mejorar aún más esta situación.

Olivia Cedrés, del grupo Socialista, dijo que el plan contra la pobreza ha quedado obsoleto y señaló que a pesar del esfuerzo "titánico" de los ayuntamientos, el Gobierno no ha tenido la voluntad política para actualizar las prestaciones de inserción social.

La brecha entre ciudadanos es cada vez mayor, agregó Cedrés, que dijo que en diez años no ha habido una evaluación del plan y afirmó que hay, como que no se ha ejecutado un 50 por ciento de su contenido, que ponen de manifiesto que este plan ha sido un fracaso.